Gustavo González y Diego Arrabal, propietarios de la agencia Código Press, han perdido la batalla judicial contra Mariló Montero. El Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid condenó el pasado 28 de diciembre a ambos paparazzi a pagar 340.000 euros a la presentadora de televisión por haber cometido un delito de intromisión ilegítima al vulnerar su derecho a la intimidad y el honor.
Se trata de una condena que marcará un antes y un después en la historia de la prensa del corazón en España, al tratarse de la más elevada de todos los tiempos dictada en nuestro país. Para dar con el origen de este litigio, toca remontarse a diciembre del 2014 y a la primavera del 2015, cuando la periodista fue fotografiada mientras disfrutaba de unos días de asueto, primero en las Maldivas y luego en la paradisíaca isla de Bora-Bora.
340.000 euros
En concreto, González y Arrabal deberán indemnizar con 265.000 euros a la periodista y con otros 75.000 euros a la mujer que la acompañaba en las segundas vacaciones. En la sentencia, el magistrado César Tejedor considera probado que unos fotógrafos de la agencia de ambos rostros de Mediaset tomaron imágenes de Montero y su acompañante en traje de baño y sin la parte superior del bikini sin su consentimiento.
Además, también se da por acreditado que se difundieron las instantáneas y que se contribuyó a que se hicieran veladas insinuaciones sobre la condición sexual de la presentadora por el simple hecho de haber compartido la misma habitación de un hotel con otra mujer. Si bien cabe destacar que las primeras imágenes, es decir las del viaje a las Maldivas, fueron tomadas estando Mariló en compañía de sus hijos a bordo de un barco, cuando se disponían a realizar submarinismo.
Un viaje a las Maldivas y otro a la Polinesia Francesa
Por las fotografías realizadas en 2014, Gustavo y Diego deberán abonar a Montero 50.000 euros, mientras que por las de la Polinesia Francesa, otros 70.000. Asimismo, el titular ha fijado en 90.000 la cuantía que deben pagar en concepto de daños por las insinuaciones sobre su condición sexual y otros 55.000 por los daños derivados de la exhibición a medios de la imagen de la periodista.
En declaraciones al programa Cuatro al día, la televisiva ha confesado que durante el proceso legal ha tenido que recordar “muchos momentos dolorosos”. Asimismo, aunque reconoce que se trata de una indemnización histórica, considera que tampoco es tanto el dineral a pagar "por todo los delitos que se han cometido". Por si fuera poco, la navarra ha avanzado que ante el recurso de apelación interpuesto por los damnificados ella también va a ir por la vía penal. Ojo, porque la condena podría ser entonces mayor. En concreto, conllevaría seis años de prisión, seis de inhabilitación y la misma indemnización económica.