Una familia ha denunciado a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) por no haberle pagado los 400.000 euros que supuestamente les había tocado con un cupón premiado.

El abogado de los denunciantes, Salvador Pérez Alonso, asegura que una madre compró un cupón para su hija. Por su parte, el ente niega “el premio a la beneficiaria tras hacerle firmar un documento al marido sin explicarle en qué consistía”.

Registro

“En un documento con las cláusulas en letra minúscula, el firmante declaraba que era titular del citado cupón, sin posibilidad de modificar la titularidad más tarde, todo ello a sabiendas de que el marido de la agraciada se encontraba inscrito en el RGIAJ”, señala el letrado.

Las siglas de las que habla corresponden al Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, es decir el medio de autoprotección para las personas que sufren ludopatía. La mera inscripción al mismo prohíbe la entrada a casas de apuestas o casinos online, así como el uso de máquinas recreativas.

Dos versiones

Más allá de eso, la vendedora del cupón premiado corrobora la versión de la familia y señala que es la mujer quien vino a comprarlo. Asimismo, apunta a la ONCE a quien acusa de buscar “habitualmente cualquier resquicio legal para no pagar un premio ganado legítimamente, lo cual dista mucho de su carácter social y finalidad sin ánimo de lucro”.

La organización, por su parte, insiste en que "la persona que se presentó con el cupón en la mano en su propio nombre y con su DNI constaba en el RGIAJ”, por ello, añaden, tienen “la obligación legal de no pagarle".

Juicios

La ONCE recuerda que hay 50.000 personas inscritas en el mencionado registro. Se aplica casi sin problemas, “pero de vez en cuando sucede esto”. Lo ha vivido en otras ocasiones y hay cinco sentencias que se han pronunciado su favor.

"Hay que tener en cuenta que un cupón premiado es como un cheque al portador y que cuando alguien viene a cobrar lo ha de hacer en su nombre y con su DNI", señalan desde la organización. Pero quienes se consideren “afectados pueden, obviamente, acudir a los tribunales, y si se les da la razón estaremos encantados de pagarles", sentencian.