Los Ruiz-Mateos, a las puertas del banquillo por estafa al comprar un hotel

Han sido continuos sus desfiles en dependencias judiciales de Mallorca en los últimos años. Presuntas estafas millonarias a empresarios isleños y sospechosas operaciones de compra de establecimientos hoteleros han llevado a los seis hijos varones del fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, a un paso del banquillo. Su padre llevaba el mismo camino, pero su responsabilidad penal ha sido declarada extinguida tras su fallecimiento en septiembre del pasado año.

Ahora serán los vástagos del empresario jerezano quienes deberán responder ante un tribunal de las irregularidades que rodearon a la compraventa del Hotel Eurocalas, ubicado en Calas de Mallorca, que derivaron en una presunta estafa de hasta 13,9 millones de euros. El perjudicado, Inversiones Grupo Miralles, que reclama la cantidad defraudada de los 23,6 millones en los que se cerró la operación.

Tres causas cercan al clan

Sin embargo, no es el único procedimiento judicial que cerca al clan en Baleares. De hecho, otros dos jueces de instrucción mantienen imputados a los descendientes de Ruiz-Mateos por estafas similares y alzamientos de bienes que suman reclamaciones de más de treinta millones de euros. Lo que inicialmente parecían buenas intenciones por parte del patriarca y sus hijos acabó en papel mojado y bajo lupa judicial ante las dimensiones de los engaños.

En el caso del Hotel Eurocalas, la jueza que desde 2011 se ha encargado de las pesquisas y que desde hace varios años ejerce de refuerzo en el juzgado de José Castro --instructor del caso Nóos--, sostiene en su auto, al que ha tenido acceso Crónica Global, que hay indicios racionales de que se produjo una "gestión desleal" por parte de los Ruiz-Mateos que, "en su proceder habitual", eran "perfectamente sabedores de que no podrían restituir el hotel Eurocalas en las condiciones fijadas".

Fraudulenta estrategia

De hecho, los hoteleros querellantes, cuya acusación ejerce la abogada penalista Isabel Fluxà, aseveran "evidente" en su denuncia que "su fraudulenta estrategia e intención de no pagar venía ya desde el inicio de la compraventa".

En concreto, el Grupo Miralles formalizó la venta del 99,99% del capital social de Bastimentero --empresa propietaria del Eurocalas-- a Calwell, una de las entidades vinculadas a los Ruiz-Mateos, por un total de 23,67 millones de euros. Un importe del que se hizo efectivo el pago inmediato de 789.028 euros, mientras que el resto se abonaría mediante pagarés con el aval de la sociedad Montumo, del propio Ruiz-Mateos y de todos sus hijos.

Un acuerdo que los compradores acabaron incumpliendo, al dejar de abonar 12,81 millones que ascienden a 13,93 con intereses. "Todos ellos avalaron con evidente mala fe, aprovechándose de su 'acreditada solvencia de cara a la galería' gracias al nombre de Nueva Rumasa, puesto que ninguno de ellos ni tenía ni tiene activo alguno a su nombre, al menos en España, y tampoco lo tenía la entidad Montumo", denuncia Miralles.

Citaciones polémicas

Las diversas citaciones del fundador del 'holding' de la abeja por parte de la jueza de Palma siempre estuvieron rodeadas de polémica, al no acudir a sus llamamientos aduciendo despiste o enfermedad. En una de sus incursiones a los juzgados de la capital balear, el empresario llegó a proclamar que a los jueces se los pasa "por los huevos" y a asegurar no arrepentirse "de nada" puesto que "siempre he trabajado por los demás". Finalmente fue detenido y puesto a disposición de la instructora, ante quien se negó a declarar.

Otro de los procedimientos judiciales en los que han sido llamados a declarar tanto padre como hijos indaga una presunta estafa de 12 millones de euros en la compra de la totalidad de las acciones de la sociedad Hoteles Costa Oriental. Sus sucesores atribuyeron a Ruiz-Mateos la responsabilidad en las negociaciones.

Del mismo modo, los seis varones estafaron presuntamente otros 7,3 millones de euros a Inversiones Insulares Radó, una cantidad que adeudan los denunciados por la compra de las acciones que el grupo querellante poseía en las sociedades Estancia Hotelera y Maspalomas Hoteles, que explotan dos establecimientos hoteleros bajo la marca comercial Beverly.