Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad que denuncia una deuda de más de 110.000 millones por parte de las administraciones / CG

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad que denuncia una deuda de más de 110.000 millones por parte de las administraciones / CG

Business

Las grandes empresas de la construcción son las que pagan más tarde

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad publica una encuesta en que la mayoría de sus asociados afirma que sólo el 25% de pymes pagar las facturas con retraso

6 noviembre, 2017 12:00

Los asociados de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) indican que las empresas que tardan más en abonar las facturas que les giran son grandes compañías, especialmente del sector de la construcción y el inmobiliario.

Sobre el perfil de las sociedades, el 57% de los encuestados indican que las de mayor tamaño son las más malas pagadoras; mientras que el 25% de pymes y el 19% de microempresas y autónomos tampoco cumplen con los plazos que se recogen en la ley contra la morosidad vigente en España.

Sector de actividad

En cuanto al sector de actividad, la construcción y el inmobiliario representa el 66% y está muy alejado del resto de perfiles. El 19% de las empresas de comercio y servicios pagan tarde, lo mismo que ocurre con el 7% de industria y el 1% de las compañías relacionadas con la energía.

Otra de las conclusiones del análisis es que sólo el 48% de las empresas en el país cumplen con el plazo máximo de 60 días para abonar las facturas. Otro 32% lo hace frecuentemente, el 11% de forma puntual y el 9% nunca.

Falta de competitividad

Estas son las compañías que tendrán más complicaciones para cumplir con la normativa vigente en el momento en que entre en vigor el régimen sancionador que el Congreso de los Diputados empezó a tramitar el pasado 11 de junio.  

Esta es una de las grandes reivindicaciones de la PMcM, cuyo presidente, Antonio Cañete, reitera que los retrasos en los pazos de pago es una “situación que nos hace perder competitividad en el mercado exterior y que daña enormemente la imagen de las compañías y de la economía”.

La organización reclama “terminar con los abusos de las compañías, especialmente de las más grandes a la hora de pagar sus facturas y cerrar contratos con plazos de pago por encima de la ley”.