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Oriol Junqueras (derecha), líder de ERC, y Artur Mas (izquierda), ex presidente de la Generalitat, en una imagen de archivo.

Junqueras ‘hereda’ los dos grandes conflictos de Mas: ATLL y la guerra patronal

El área económica del futuro Gobierno deberá asumir las consecuencias de la privatización que espera la última sentencia del Supremo y decidir cómo se reparte la representatividad empresarial

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Oriol Junqueras no sólo se quedará con el control de las entradas y principales salidas de capitales de la Generalitat en el futuro Gobierno catalán. El área económica deberá resolver los dos grandes conflictos más allá del procés que Artur Mas deja sobre la mesa: la polémica privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) y la guerra patronal por la representatividad.

El primero de ellos es el más sencillo, según las fuentes consultadas. El líder de ERC dispone de meses para decidir cómo anula la actual adjudicación, tal y como le obligan todos los estamentos judiciales a los que ha acudido (siempre de la mano del prestador del servicio, un consorcio liderado por Acciona). Falta una última sentencia, la del Tribunal Supremo, aunque muy pocos esperan que se descuelgue del sentido de las resoluciones anteriores.

Fijar indemnizaciones

Existe un consenso amplio en el sector jurídico de que la adjudicación se hizo con errores, tal y como manifestó al inicio de 2013 el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP). Además, la CUP manifestó como prioridad la necesidad de recuperar el control público del servicio en las negociaciones para la investidura.

ERC está de acuerdo con esta realidad, por lo que la principal tarea de Junqueras y su equipo será buscar el capital necesario para indemnizar a los actuales gestores de ATLL. El departamento de Economía estimó en julio que alcanzaría los 326 millones.

Se espera que Acciona presente una nueva batalla jurídica en este sentido, tal y como advirtió en verano, pero limitada en la compensación económica. Se suma a todo ello que el consorcio que recibió el contrato se desmonta. El socio financiero del grupo de los Entrecanales, el brasileño BTG Pactual, ya se ha desmarcado de la licitación por los problemas que tiene en su país, y los dos locales de la operación, las familias Rodés y Godia, negocian cómo abandonar su participación en la concesionaria de agua.

La compleja guerra patronal

La batalla en el empresariado catalán tiene un final más complejo. Para solucionarlo, Junqueras podrá echar mano del que hasta ahora era el secretario de la Presidencia de Mas, Jordi Baiget, que será nombrado consejero de Empresa.

Su predecesor en el cargo, Felip Puig, abrió la caja de pandora pero la cerró en falso. Quitó la representatividad (la fuerza de una organización en las mesas de concertación social) que había conseguido por silencio administrativo la patronal de pymes adscrita a Foment del Treball, Pimec, y abrió un proceso para que la gran patronal, liderada por Joaquim Gay de Montellà, y Pimec acreditaran cuántos adscritos tenían para realizar un nuevo reparto.

Foment controlaba el 75% y Pimec el 25% restante desde la época de Pujol. Cuando Fepime consiguió ser reconocida, en 2012, se modificó el trozo del pastel que estaba en poder de la gran patronal. Se le redujo al 75% y se otorgó un 15% a la organización que hoy preside María Helena de Felipe.

Negociación tardía

Gay de Montellà llevó el pulso con la Generalitat, con la que estaba enfrentada a raíz del procés, a los tribunales. Presentó dos contenciosos administrativos. El primer recurso pedía que se volviera a otorgar la representatividad a Fepime y el segundo indicaba que el nuevo proceso para repartir el poder para representar al empresariado catalán presentaba varias incongruencias que lo invalidaban.

Puig paró la fase de acreditación dos días antes de que venciera el plazo máximo para las patronales y se sentó con Foment del Treball a negociar las condiciones. Un debate que antes no había mantenido, ni con la gran patronal ni con las organizaciones que representan a pymes.

Revés judicial a Mas en tiempo de descuento

La justicia aún no se ha pronunciado sobre esta medida, pero sí le dio un revés al Gobierno de Mas en tiempo de descuento (mientras Junts pel Sí negociaba con la CUP). El TSJC devolvió la representatividad a Fepime. Por el momento, como medida cautelar.

Los implicados en la batalla prevén que la sentencia final del TSJC vaya en el mismo sentido, que se valide el silencio administrativo como una forma de alcanzar el poder para hablar en nombre de los empresarios.

Los empresarios prevén recurrir al Supremo

Eso sí, la pugna no terminará aquí. “Queda aún camino por recorrer, ya hablaremos de ello”, manifestó este martes el presidente de Pimec, Josep González. El patrono defiende que la justicia nunca ha llegado a valorar la cuestión de fondo, si Fepime realmente está apoyada por una red empresarial o no.

Si Junqueras no consigue rebajar la tensión entre las patronales el conflicto acabará al Supremo. Tiene 18 meses para conseguirlo.