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Isabel García Tejerina (i), ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, cuyo departamento deberá lidiar ahora con el recurso de la Comisión por las ayudas a Iberpotash, en una imagen de archivo / EFE

El conflicto de Iberpotash salta de Cataluña a España

El Gobierno central deberá decidir si recurre en Luxemburgo o ejecuta la decisión de la Comisión Europea de pedir a la multinacional ICL que devuelva 5,8 millones de ayudas ilícitas

7 min

El embrollo de Iberpotash en Cataluña ha saltado desde este jueves a España. A partir de ahora, será el Gobierno central el que deba urdir una estrategia legal para defender si lo considera oportuno las ayudas que la Generalitat de Cataluña otorgó a la filial de la multinacional israelita ICL. Un apoyo que la Comisión Europea ha considerado que atenta contra la libre competencia del mercado y obliga a reembolsar.

Así lo afirma en el avance de la resolución que se publico ayer al mediodía. Cifra en 5,8 millones la devolución a la que deberá hacer frente la actual ICL Iberia Súria y Sallent.

Calendario del recurso

Bruselas ya ha notificado la decisión al representante de España en la Comisión, pero falta conocer los detalles de la misma. Los responsables de competencia comunitarios deberán elaborar en los próximos meses la llamada “versión no confidencial de la decisión”, indican fuentes próximas al Ejecutivo comunitario, que se difundirá en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Esta publicación es capital en el momento actual del litigio. Pone a cero el cronómetro para presentar un recurso ante el Tribunal General de Luxemburgo. Y la normativa actual sólo da dos meses para ello.

Iberpotash y el Estado pueden recurrir

Aquí es donde la Generalitat se queda sin margen de maniobra. Sólo pueden litigar contra la Comisión la propia ICL como empresa beneficiaria de la ayuda pública y el Estado.

Exterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo / EFE

Exterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo / EFE

“En un caso como este en el que las ayudas las ha concedido la Generalitat, el Gobierno podría esperar a que Iberpotash presentase el recurso y unirse a sus argumentos”, indica el especialista en derecho comunitario y competencia Stefan Rating, letrado que formó parte durante 14 años del cuerpo de funcionarios de la Comisión en la dirección general de competencia. “Un estado miembro siempre se puede meter en un contencioso como interviniente”, puntualiza.

Denunciante anónimo

Habría una tercera persona que podría personarse en la causa, el denunciante; pero las anomalías que envuelven la actividad de Iberpotash en Cataluña han propiciado que este se mantenga hasta ahora en el anonimato.

Fuentes cercanas a la explotadora de las minas de potasa aseguran que tienen pistas de quién lo ha interpuesto. Apuntan a que sólo puede denunciar una ayuda pública un competidor que se vea afectado por la distorsión del libre mercado.

Calendario de la devolución

Más allá de los calendarios formales, ICL Iberia dispone desde este jueves de cuatro meses para reembolsar los 5,8 millones al Estado. Independientemente de si presenta o no recurso, algo que los mismos interlocutores cercanos al grupo dan por sentado. 

Podría pedir que se suspenda la ejecución de la decisión de la Comisión, pero los expertos jurídicos consultados coinciden en que es poco probable que Bruselas le conceda esta salvaguarda.

Otros conceptos de la denuncia

Para rizar el rizo, existe la posibilidad de que el denunciante presentarse otro recurso. En este caso ante Bruselas para solicitar que revise su decisión y la valoración económica de la restitución.

“El dinero que se ha pedido devolver es poco”, valora desde fuera Rating. Considera que el Gobierno comunitario “no ha tenido en cuenta todas las ayudas denunciadas en su día”.

Litigio inicial

El litigio inicial señalaba otra presunta irregularidad en la red de Aigües Ter Llobregat (ATLL): el ACA construyó en su día dos plantas desalinizadoras en ríos de agua dulce, la de Abrera y El Prat del Llobregat, señala el letrado.

Otra cuestión que Bruselas ha dejado al margen en la decisión publicada este jueves es el uso que hace Iberpotash del colector de salmorra que usa Iberpotash para que estos deshechos vayan directos al mar. La multinacional israelí, como otras empresas del sector, paga por su uso. Pero a diferencia de la competencia, no cuenta con una planta depuradora específica para limitar los vertidos.

Cifras cuestionadas

También se ha cuestionado la cifra de 7,9 millones que la Comisión considera que pagó el ACA para recubrir una vieja escombrera de las minas de la comarca del Bages (Barcelona), la de Vilafruns. Bruselas dio por buena esta cantidad y obliga a Iberpotash a asumir la mitad de la inversión.

Imagen de archivo de la mina de Iberpotash en Sallent (Barcelona) / CG

Imagen de archivo de la mina de Iberpotash en Sallent (Barcelona) / CG

Pero en octubre de 2013 la entonces directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat, Maria Assumpta Farran, explicó en una comisión del departamento de Territorio y Sostenibilidad que en el marco de la rehabilitación hidrológica de las escombreras en la cuenca del río Llobregat, un proyecto pactado con el Ministerio de Medio Ambiente entre 2004 y 2007, se había destinado una “partida muy importante, como prueba piloto, para restaurar el más pequeño de todos estas escombreras, la de Vilafruns”.

Se llevó “ocho millones; los estudios cuatro millones”. Esta última cantidad afecta a toda la intervención y no sólo al proceso para tapar los deshechos de la mina.

Con todo, si el denunciante acude de nuevo a la Comisión Europea será una sorpresa para todas las partes del litigio. Para Ibertpotash, para la Generalitat y, desde este jueves, para el Gobierno central.