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Jordi Cornet (izquierda), delegado especial del Gobierno en el CZFB, y Josep Rull (derecha), consejero de Territorio.

El Consorcio de la Zona Franca de BCN lleva a Territorio ante el TSJC

La institución busca que la ordenación urbanística de la zona incluya dos parcelas de terreno que se quedaron al margen y tienen dificultades para comercializar

18.05.2016 22:31 h.
2 min

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) se ha lanzado a la batalla judicial contra la consejería de Territorio, encabezada por Josep Rull, para conseguir enmendar el plan director urbanístico que afecta el circuito de velocidad Barcelona-Cataluña.

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalña (TSJC) ha admitido a trámite el recurso, presentado el pasado 15 de abril, por lo que el ordenamiento urbanístico queda por el momento en stand by.

Propiedades en Montmeló

La institución encabezada por Jordi Cornet alegó ante el Alto Tribunal que el plan aprobado no tenía en cuenta las dos parcelas de terreno que aún son de su propiedad. Cuando el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) buscó una alternativa para el circuito de Montjuïc de Barcelona, en 1987, compró unos terrenos en el municipio de Montmeló que eran propiedad del CZFB y que después se convertirían en el circuito catalán.

A lo largo de los últimos 29 años la infraestructura creció y ganó cada vez más visitantes, por lo que se necesitaba adecuar tanto los accesos como las zonas colindantes. De hecho, el objetivo del nuevo plan director urbanístico era promover la actividad alrededor de las instalaciones relacionadas con el mundo del motor. Afectaba a los municipios de Granollers, Montmeló y Parets del Vallès.

Rentabilizar los activos

Con todo, Territori no incluyó el terreno que aún está en manos del Consorci y por ello se ha optado por la vía judicial. Los portavoces de la institución reconocen que se trata de unas parcelas que tienen dificultades de comercialización y que si hubieran sido incluidas en la ordenación municipal “hubieran desaparecido”.

Buscan rentabilizar los activos. El tribunal deberá decidir si anula o no el plan urbanístico. En el peor de los casos, la consejería debería reiniciar el trámite burocrático para incluir las parcelas de terreno objeto de la disputa.