Estalla un conflicto en el SAD de DomusVi en Barcelona
La nueva atención a la dependencia del ayuntamiento dura apenas 15 días: la plantilla se movilizará por la "falta de protección ante el Covid"
15 enero, 2021 11:11Un conflicto laboral ha estallado en el nuevo sistema de ayuda a domicilio (SAD) de Barcelona, que gestiona Servisar, filial de DomusVi. La atención a la dependencia ha durado apenas 15 días: la plantilla prepara movilizaciones por la "improvisación" y "falta de protección ante el Covid".
Han informado de ello fuentes cercanas al pulso, que se plasmará en dos concentraciones la próxima semana en la Ciudad Condal. La primera será el viernes, 22 de enero, en la sede de Servisar en el paseo de Sant Joan de la capital catalana. La segunda tendrá lugar ante la sede del ayuntamiento en la plaza de Sant Jaume al día siguiente.
"Improvisación total"
Están convocadas a participar en las protestas las trabajadoras de los dos lotes que ha comenzado a operar Servisar-DomusVi el 1 de enero. Las empleadas reclamarán "más protección" contra el coronavirus, incluyendo mascarillas tipo FFP2 y equipos de protección individual (EPI).
También exigirán a la subcontrata que ponga fin a la "improvisación" que, según ellas, está mostrando en los primeros compases del concurso. "Trabajan desde dos pisos sin rotular, con un sistema informático que apenas funciona y con listas de pacientes no actualizadas. Es un caos", explican las voces conocedoras.
Polémico contrato
El conflicto laboral en Servisar-Domusvi es el primero en un contrato público marcado por la polémica. Cabe recordar que Barcelona en Comú, partido de la alcaldesa, Ada Colau, se comprometió a internalizar el SAD antes de llegar a la alcaldía de 2015. Una vez en el poder, lo volvió a externalizar.
Este último concurso es más controvertido si cabe. Servisar-DomusVi ha cazado dos de los lotes por casi 100 millones de euros pese a que su matriz está situada en el paraíso fiscal de Jersey, en el Canal de la Mancha, avanzó Infolibre. A este respecto, cabe recordar que Barcelona tiene un protocolo que prohíbe contratar a empresas con vínculos en jurisdicciones fiscales opacas desde 2016.