Pasajeros atrapados por una huelga en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez / CG

Pasajeros atrapados por una huelga en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez / CG

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Los controladores aéreos pagarán 15 millones por la crisis de 2010

El sindicato Usca alcanza un acuerdo con la fiscalía para compensar a los pasajeros afectados por el caos de diciembre

27 febrero, 2018 13:57

Los controladores aéreos pagarán 15 millones de euros por las protestas de diciembre 2010, que acabaron con la militarización del espacio aéreo español. El sindicato Usca, el más representativo del sector, ha alcanzado un acuerdo con la fiscalía para abonar la cantidad en concepto de compensaciones a los pasajeros afectados.

Según ha informado Efe citando a fuentes de la agrupación, la entente con el ministerio público pretende "evitar la locura" de ir a juicio y los problemas derivados de un procedimiento por la vía penal. Aún con ello, el pacto queda pendiente de la aprobación del colectivo de controladores de Mallorca, donde el 83% del personal, unos 53 profesionales, están siendo investigados por un presunto delito de sedición, castigado con hasta ocho años de cárcel.

1.000 euros por pasajero

Los viajeros que quedaron atrapados en aeropuertos durante el conflicto de 2010 ya han empezado a recibir las indemnizaciones, que totalizan cerca de 1.000 euros por persona. Los pagos se justifican por los daños morales ocasionados más otros gastos que los viajeros hayan incurrido.

El acuerdo anunciado hoy conlleva que las acusaciones particulares de los afectados por el paro que se tradujo en un cierre total del espacio aéreo el 3 y 4 de diciembre de aquel mes no podrán seguir con las causas. Cabe recordar que el principal procedimiento por el caos, que instruye un juzgado de Madrid, ha citado en condición de investigados, antiguos imputados, a un total de 133 controladores aéreos.

Crisis en los aeropuertos

Cabe recordar que la huelga de controladores de 2010 fue, de hecho, un abandono de los puestos de trabajo por parte de los custodios aéreos, que ya habían agotado la bolsa de horas que tenían asignada. Arrancó el 26 de noviembre en Galicia y obligó a limitar los movimientos aéreos en la región, para extenderse días después en el resto del territorio nacional.

La falta de operativa en los aeropuertos dejó en tierra a 300.000 pasajeros. El Gobierno decretó el estado de alarma el 4 de diciembre, siendo la primera vez en democracia que ello ocurría. Con esta medida, el Consejo de Ministros permitió al Ejército tomar las torres y centros de control aéreo hasta el 13 de enero, cuando se dio la crisis por concluida.