La compañía CIR Pujalte & Navarro, fundada 15 años atrás, ha bajado la persiana. El Juzgado Mercantil número 9 de Barcelona ha decretado el concurso de acreedores voluntario.
El balance arroja un activo de cero euros y un pasivo de casi un millón. Es incobrable, dada la inexistencia de bienes. Como es habitual, el juzgado concede quince días a los acreedores representativos de un 5% como mínimo, para solicitar el nombramiento de administrador concursal.
Pujalte & Navarro está domiciliada en la calle Montflorit número 38, de Gavà. Arrancó en 2011 por iniciativa de Carlos Pujalte Navarro, miembro de la segunda generación de una saga local de constructores. Además, es dueño único y administrador.
La actividad de la firma se centró sobre todo en obras de restaurantes. En su haber figuran, entre otros, el local Enigma, sito en el Ensanche de Barcelona. También erigió UMA en la misma zona. Y Bulbo Pulpín, en el barrio Gótico, muy cerca de la catedral.
El desarrollo de la compañía fue satisfactorio hasta el periodo 2024-2025, saldado con pérdidas que superan un millón de euros.
Más percances
Al margen de este batacazo, los juzgados mercantiles de Cataluña han declarado cinco fallidos:
Certain Referent, de Barcelona, de compraventa de bienes raíces. Administradora, Rosario Cabello Cabrera.
Quaco Real Estate, de Barcelona. Realizaba auditorías técnicas y de control de calidad. Administradores, Zoan Inocencio Vidal y Sonia Lavila Segura.
Reformas Brenes, de Cornellà de Llobregat, dedicada a la construcción y el mantenimiento. Administrador, José María Toro Brenes.
El Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona ha ordenado la reapertura del concurso de acreedores de MGGM Assemblies, por lo que se restituye en el cargo al administrador concursal Convenia Profesional.
MGGM, con sede en Vic, entró en insolvencia en 2020. El expediente acabó en liquidación y se finiquitó en julio de 2024. Se dedicaba al montaje y mantenimiento de instalaciones industriales.
Por último, quiebra necesaria de la herencia yacente de Joaquina Tarruella Ribó. Los acreedores presentaron la demanda en diciembre de 2024. Ahora, el Mercantil número 2 de la Ciudad Condal le ha dado curso.