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Ada Colau, Jaume Roures y el edificio de Mediapro / FOTOMONTAJE CG

Roures se juega este viernes su negocio en Barcelona

El ayuntamiento de la capital catalana vota si subasta las acciones del edificio Imagina, que comparte con Mediapro

3 min

El pacto que firmó en 2004 el consistorio barcelonés, entonces gobernado por Joan Clos, con Jaume Roures podría llegar a su fin en el consejo de Bimsa de este viernes, 5 de mayo, donde se votará la posible subasta de las acciones de la sociedad creada por ambos, según han explicado fuentes municipales a Crónica Global.

Mediapro constituyó, a través de su empresa Rilson XXI Inmuebles SL, una sociedad mixta con la empresa municipal 22@, absorbida luego por Barcelona de Infraestructuras Municipales SA (Bimsa).

Ambas compañías formaron la sociedad Mediacomplex SA --siendo un 66% de Rilson y un 33% de Bimsa-- para construir el edificio Imagina, situado en suelo municipal, en el número 177 de la avenida Diagonal de Barcelona y ocupado principalmente por entidades del grupo Mediapro.

Deuda de 20 millones

El acuerdo firmado implicaba que el Ayuntamiento de Barcelona pagase los 16,8 millones de euros necesarios para llevar a cabo el proyecto y que Rilson se encargase del pago de un canon por el uso del suelo. Algo que Rourse incumplió.

La cifra de la deuda era de 2,9 millones de euros que, sumados a la partida inicial que pagó el consistorio, ascendía a casi 20 millones. En la última reunión del consejo administrativo de Bimsa no hubo acuerdo entre Mediapro y el equipo de Gobierno de Ada Colau para vender las acciones.

Este viernes, el consejo de la compañía municipal vuelve a reunirse y someterá a votación si se subastan las acciones. Las mismas fuentes informan de que el precio mínimo por cada acción es de 2.640,49 euros, por lo que Jaume Roures saldrá beneficiado de una situación que el ayuntamiento ha acabado aceptando.

Ratificarse en el Pleno

Se espera que la votación sea a favor del traspaso de las acciones, puesto que el consejo administrativo de Bimsa está formado, en su mayoría, por el Gobierno municipal. Si el resultado es favorable a la enajenación, el siguiente paso sería ratificarlo, o no, en el Pleno municipal en un periodo máximo de seis meses.

Si la votación concluye con una negativa a la transacción, el panorama continuaría con el bloqueo actual y el ayuntamiento continuaría siendo el propietario de las acciones de las que se quiere desprender.