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Edificio de Iberdrola en Madrid / EUROPA PRESS

'Caso Villarejo': Iberdrola demanda a cuatro implicados en el acta notarial de 2004 por falsedad

Acude a los juzgados de Bilbao para poner en el foco al exdirectivo José Antonio del Olmo, al exjefe de seguridad Marcos Peña, a su número dos y al notario Luis Ramallo

3 min

Iberdrola ha presentado una demanda en los juzgados de Bilbao contra los cuatro implicados en el acta notarial levantada en 2004 para dar ver fe la existencia de supuestas irregularidades en la facturación de servicios de seguridad en la energética.

En concreto, Iberdrola demanda al exdirectivo José Antonio del Olmo, al exjefe de seguridad Marcos Peña, a su número dos, Ángel José Manuel Zarabozo, y al notario Luis Jacinto Ramallo por irregularidades en el depósito de un documento que vinculaba a la empresa con el excomisario José Manuel Villarejo.

"Infracción"

La demandante argumenta que, como reconoce el mismo Ramallo, este recogió un sobre cerrado y firmado por los otros tres implicados y que, fiándose de sus palabras, no realizó comprobación alguna de lo que contenía, ni si el contenido se ajustaba a la ley, la moral y las buenas costumbres, "obviando las obligaciones legales de su condición". Iberdrola sostiene que el documento es falso.

Por esta razón, porque Ramallo "incumplió sus obligaciones como notario", Iberdrola solicita la nulidad del acta por "infracción en su autorización de normas imperativas del ordenamiento jurídico". Entiende, además, que Del Olmo, Peña y Zarabozo faltaron a la verdad o desconocían, al menos alguno de ellos, qué contenía el sobre.

Del Olmo, en el foco

Lo que contenía el sobre eran documentos relativos a la contabilidad de Iberdrola (facturas y justificantes de pago) que sustrajo de los archivos Del Olmo de forma ilegítima y que vinculaban a la compañía con Villarejo. Por todo ello, la demandante solicita la nulidad de pleno derecho del acta de depósito.

El pasado 1 de octubre, otro juzgado bilbaíno dio la razón a Iberdrola en su causa contra Del Olmo, al considerarle culpable de revelación de secretos y robo de facturas, al entender que "retiró ilegítimamente de la sede de la empresa estos documentos confidenciales (...) y reveló ilícitamente su contenido con el ánimo de perjudicar a la empresa".