La factura del agua subirá entre el 4% y el 6% en Barcelona por ATLL

La factura del agua de la ciudad de Barcelona subirá el 4,1% el próximo ejercicio, la de los municipios de la comarca del Vallès Occidental el 5% y los del Maresme el 6% por el polémico proceso de privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL). Este será el principal efecto del incremento del 11,8% de la tarifa en alta del servicio, indican fuentes del sector, una medida muy polémica que ayer recibió el visto bueno del Consejo de Red del Abastecimiento Ter-Llobregat y que tiene todas las probabilidades de que la Agencia Catalana del Agua (ACA) valide hoy.

Los representantes de las administraciones locales han criticado de forma unánime el aumento de tarifa que deberá validar el consejo de administración de la empresa de la Generalitat.

Pinyol, ahora crítico con ATLL

Así lo trasladaron en el encuentro que tuvo lugar ayer en el órgano directivo encabezado por Jordi Agustí, presidente del ACA, en el que votan Josep-Lluís García Ramírez (Consejería de Economía y Hacienda), Joan Puigdollers (Departamento de Salud), Carme Bañeres (Gobernación), Alfons Cabezas (Empresa y Conocimiento) y Joan Pinyol (AMB).

Este último ha sido una de las voces que se han manifestado de forma más clara contra la revalorización de la tarifa. Aunque lo curioso del caso es que se elevará, según apuntan otros interlocutores cercanos al ACA, en base a las condiciones de un concurso público que él ayudó a dar forma.

Antes de entrar en el AMB de la mano de Ada Colau, ejercía como gerente del ACA. Participó en el diseño de los pliegos de condiciones de la concesión y formó parte del consejo de administración de ATLL desde el día de la privatización hasta que se fue al Institut Català del Sòl (Incasòl) en abril de 2014.

La Generalitat culpa al 155

Por parte de la Generalitat, los portavoces del ACA aseguran que el culpable del incremento de la tarifa de ATLL es el artículo 155. Explican que a finales de este año tocaba hacer la revisión quinquenal del contrato, unos “parámetros de cálculo” detallados en las condiciones de la concesión que se deben aprobar en el último consejo de administración del ACA del año, el que tendrá lugar este jueves.

Recuerdan que el objetivo del exconsejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, era “congelar la tarifa a cambio de la renuncia de una parte del canon concesional”. Es decir, que la Generalitat asumiera de forma indirecta la subida al dejar de percibir siete de los 15 millones que debería ingresar las arcas públicas. Reeditar la decisión de 2016.

Pero apuntan que la “difícil y compleja tramitación para hacer posible la modificación de un contracto de concesión plenamente vigente y totalmente judicializado requiere de una decisión política y de la aprobación previa del Gobierno”. Algo que no se ha podido hacer desde que entró en vigor el 155, justifican.

Revisión para bajarla

Asimismo, aseguran que una “vez pasadas las elecciones y con el nuevo Gobierno constituido, se estudiarán las posibilidades de cumplir con los compromisos adquiridos en 2017”. Un proceso de revisión administrativamente complejo.

Reivindican que la empresa que se encarga del servicio, un consorcio liderado por Acciona, planteó un incremento del 15,5% y que el ACA logró rebajar las pretensiones de los Entrecanales hasta el 11,8% actual al repasar el detalle del contrato.

Alegaciones de las suministradoras en baja

La Asociación de Abastecimiento de Agua de Cataluña (AAAC) y algunas gestoras, como CASSA (la gestora de Sabadell), ya han anunciado que presentarán alegaciones para intentar frenar el incremento. Argumentan que se podría retrasar la toma de decisión si se tiene en cuenta tanto la excepcionalidad política que se vive en Cataluña como la del propio contrato de ATLL.

Cabe tener en cuenta que en menos de un mes la concesión puede decaer. El Tribunal Supremo tiene previsto notificar a finales de enero la resolución final sobre la llamada guerra del agua, la que dictamine si todos los estamentos judiciales por los que ha pasado el contrato desde que se firmó en 2012 tenían razón y los errores que incluían lo invalidaban, o dictamina en contra. Por ello consideran que se podría haber ganado más tiempo para revisar al alza las tarifas y aprobar el segundo mayor incremento desde que se privatizó la gestión del agua en Cataluña.