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La capital de Andorra, Andorra la Vella

Afectados por el ‘caso Valora’ denuncian la doble vara de medir de la justicia andorrana

Los inversores se quejan de la lentitud de la Batllia en instruir la quiebra de la gestora de patrimonios frente a la rapidez con la que se ha actuado en el ‘caso BPA’

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Varios inversores afectados por la quiebra de la gestora de patrimonios Valora en Andorra, el denominado caso Valora, han denunciado la lentitud con la que avanza en los tribunales del Principado la investigación sobre las presuntas irregularidades en la crisis del grupo en 2007 frente a la rapidez con la que avanzan otros asuntos. Concretamente, hacen referencia a los avances en la instrucción de la Batllia del caso BPA.

Los denunciantes se quejan de que los cuatro jueces que han tutelado las pesquisas en el juzgado de Instrucción 1 de Andorra no han tomado ninguna decisión sobre las responsabilidades que se reclamaban a los gestores de Valora.

Felipó Codina y Tusquets

Señalan especialmente al consejero delegado de la sociedad, y actualmente imputado, Xavier Felipó Codina, como a los del propietario del 33% de la firma, Banco de Finanzas e Inversiones (Fibanc), hoy Mediolanum, presidido por Carles Tusquets.

Los afectados han movido ficha en las últimas semanas para denunciar la pasividad con la que consideran que la justicia del Principado ha abordado una investigación con el mismo origen del caso BPA: el blanqueo de capitales. Por ello, han acudido a organismos de EEUU y la Unión Europea para intentar que actúen.

Auditoría de 2010

La entidad europea que lucha contra el lavado de dinero internacional, MoneyVal, y el organismo del Tesoro estadounidense especializado en la misma temática, FinCen, tienen en su poder dos documentos en los que defienden que en Valora SA existía una trama para blanquear.

El principal argumento a su favor es la auditoría encargada en 2010 al censor Phillippe Riu en el marco de la investigación judicial en el que se afirma que aparecen “sospechosas operaciones de dinero líquido como depósitos o retiradas de efectivo mediante cheques al portador o incluso transferencias internacionales sin ser declaradas y sin ningún tipo de control contable”.

El périto judicial indicó en ese momento que la opacidad de algunas transacciones “suscita la pregunta inevitable de si se respetaron las normas anti blanqueo de capitales y terrorismo”.

Argumentos de la defensa

Fuentes cercanas a la defensa de los responsables de la gestora de patrimonios señalan que el informe sólo menciona que algunas acciones no cumplían los estándares antiblanqueo, sin mencionar la trama de blanqueo a la que hacen referencia los afectados ante las autoridades comunitarias y estadounidenses.

Los denunciantes hacen un nuevo paralelismo con el caso BPA para justificar la acción de MoneyVal y el FinCen. Señalan que el 95% de los depósitos del banco intervenido han pasado los filtros creados para detectar casos de blanqueo de dinero y se traspasarán a la entidad puente, Vall Banc, que después se quiere vender a un tercero.

Gestión de 150 millones

Valora gestionaba unos 150 millones de euros cuando quebró en 2007 tras apuntarse unas pérdidas que superaban los 20 millones de euros. Las quitas aplicadas en la liquidación dependieron mucho del perfil de clientes y se movieron entre el 20% de tipo medio y el 80%, indican otros interlocutores cercanos a la Batllia.

Las mismas fuentes apuntan a que los movimientos detectados por Riu hace cinco años estaban al margen de estos fondos, por lo que su actividad seria mayor que los 150 millones justificados.

La Batllia no ha hecho ninguna referencia a la denuncia de los afectados.