Los problemas con la Justicia se reproducen para Urbas, cuya actividad en los tribunales trasciende fronteras, como sucede con sus negocios. Y además, uno de los principales señalados por los numerosos pleitos que afectan a la compañía es su propio presidente y primer accionista, Juan Antonio Acedo, sobre el que pesa una petición por parte de la Fiscalía Anticorrupción de ocho años de cárcel.

Recientemente, causó un notable estupor en el mercado el hecho de que Urbas presentará ante el juzgado de lo Mercantil de Sevilla que entiende del concurso de acreedores de Abengoa una oferta para hacerse cargo de la empresa fundada por los Benjumea y otras familias andaluzas.

Una ampliación bajo sospecha 

Mientras se busca la mejor solución para el futuro de Abengoa y, especialmente, de sus miles de trabajadores, la actualidad de Urbas está más relacionada con los tribunales que con sus negocios, centrados en los sectores de construcción e inmobiliario.

En España, Urbas sigue a la espera de que la Audiencia Nacional fije una fecha definitiva para el juicio por la denuncia que presentó en su día Anticorrupción por las presuntas irregularidades cometidas por la compañía a la hora de llevar a cabo una ampliación de capital por valor de 384 millones de euros. 

Denuncia de Anticorrupción

La Fiscalía acusa a Acedo y al anterior presidente, Juan Antonio Ibáñez, de una serie de delitos fiscales y contra el mercado al entender que se produjo una sobrevaloración en el activo que se aportó en la ampliación, que fue de carácter no dinerario. 

En este caso, fue la sociedad Aldira Inversiones Inmobiliarias, de la que varios consejeros de Urbas eran socios. A juicio de Anticorrupción, el valor real de las fincas que constituían el activo de la mercantil estaba muy lejos de alcanzar el de la ampliación. 

Registros en sedes

El proceso de instrucción ya motivó en su día el registro de las sedes de Urbas en Madrid y Ciudad Real, además de la toma de declaración a numerosas personas implicadas en el caso, sobre cuyos acusados pesan cargos como estafa, tanto contra el mercado como contra los consumidores y también administración desleal. 

En octubre de 2020, el juez instructor de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ponía fin a una instrucción de algo más de tres años y en la primavera del año siguiente el Alto Tribunal decretaba apertura de juicio oral contra los acusados, cuya fecha está aún pendiente de fijar. En este caso, la compañía quedó exonerada de delito alguno como persona juridica. 

Condenada en Marruecos

Más allá de las fronteras españolas, la Justicia ya ha resuelto recientemente algún caso contra Urbas. Sin ir más lejos, en uno de los países en los que está más presente su actividad internacional, como es Marruecos.

Al otro lado del estrecho, Urbas ha sido condenada al pago de una deuda cercana a los 18 millones de euros, cantidad que se corresponde con la de un préstamo concedido en su día por una entidad bancaria local para financiar una promoción, cuya garantía se ha procedido a ejecutar. 

Denuncia en Bolivia

El procedimiento está pendiente de una resolución del Tribunal Constitucional, al que Urbas solicitó amparo por entender que el valor actual del activo es muy superior a la cantidad del aval solicitado en su día para cubrir los riesgos de la promoción. 

Otro de los mercados internacionales estratégicos para Urbas es Latinoamérica, donde la gestión de Acedo tampoco escapa del escrutinio de los tribunales. En este caso, los problemas con la Justicia aun son una mera amenaza pero sobre la compañía ya pesa una demanda en Bolivia presentada por una asociación de constructores a los que Urbas subcontrató trabajos relacionados con una de las mayores obras que se ha adjudicado en la región: el tren eléctrico de Cochabamba.

Impagos

En concreto, la asociación ArqPro Kapra, que agrupa a las empresas subcontratistas, han acudido a los tribunales para demandar a Urbas bajo la acusaciones de estafa e impago, dado que argumentan no haber recibido parte de los compromisos adquiridos por el consorcio adjudicatario, compuesto en un principio por Intervías y JOCA (filiales de Urbas), junto a la suiza Molinari Rail.

Recientemente, Urbas compró su parte de la compañía helvética, por lo que actualmente es el único responsable de esta adjudicación, valorada en unos 450 millones de euros.

Castigo en bolsa

Esta serie de problemas con la Justicia, que arroja múltiples sospechas sobre la gestión del consejo liderado por Acedo, ha tenido su corresondiente reflejo en bolsa. Actualmente, Urbas cotiza en sus mínimos de los últimos dos años y medio y su capitalización es inferior al valor de la ampliación que llevó a cabo en 2015 y que constituye aún hoy su principal incertidumbre desde el punto de vista judicial. 

Además, Urbas figura entre los títulos más castigados del Mercado Continuo en los últimos doce meses, con un retroceso acumulado próximo al 45%. Desde que comenzó el año, apenas un trimestre, se ha dejado un cuarto de su valor. Sus acciones cotizan a un precio tan bajo que es necesario acudir al tercer decimal para encontrar un dígito distinto de cero, lo que convierte a Urbas en caldo de cultivo habitual para la especulación.