Bajo las miradas de sospecha del sector del transporte sanitario español, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha frenado por segunda vez la licitación del mayor contrato de la Generalitat Valenciana, con un presupuesto base de 580 millones de euros.
La resolución firmada este viernes 2 de octubre, a la que ha tenido acceso Crónica Global, acuerda una medida cautelar de suspensión del macroconcurso en respuesta al recurso presentado por la patronal Asociación Nacional de Grandes Empresas del Transporte Sanitario (AGETRANS) contra los nuevos pliegos.
El tribunal considera que su eventual tramitación "podría causar perjuicios de difícil o imposible reparación".
El presidente de la CV, Juanfran Pérez (d), con Marciano Gómez, consejero de Sanidad
Cabe remarcar que la suspensión no afecta al plazo para presentar ofertas ni supone todavía que el concurso haya sido anulado. Lo que queda frenado es su tramitación hasta que el tribunal resuelva el recurso.
Así, el anuncio de la Conselleria de Sanidad de la licitación del sector de ambulancias --que ya era su 'plan B', tras la negativa del TARC en abril al concurso original a raíz de un primer recurso presentado por la compañía Orthem-- se ha interrumpido cuando ya parecía tener adjudicatario: la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ayuda TSCV, la alianza que controla el sector desde 2014 y que, una vez más, había sido la única en presentar una propuesta al cierre del plazo, el pasado 24 de septiembre.
Otra oportunidad
Hace cinco meses, la firma Orthem, empresa del grupo murciano Hozono Global, y la valenciana Ambulancias Sánchez denunciaron formalmente las irregularidades en el primer intento de licitación.
Y la nueva convocatoria había llegado precisamente para corregir las condiciones que llevaron al TACRC a tumbar aquel procedimiento.
Personal y vehículos de Orthem en la DANA de Valelncia
La principal modificación fue rebajar la solvencia técnica —la capacidad de una empresa para ejecutar un contrato público con eficacia, seguridad y calidad, demostrada con base en sus resultados en los últimos años— de 600 millones, lo que las empresas tachaban de "manifiestamente excesivo" a 120,6 millones de euros. El objetivo de la rebaja era facilitar la concurrencia.
No obstante la corrección y tal y como recogió este digital, voces de compañías importantes del sector seguían entendiendo que las condiciones del pliego favorecían a la actual adjudicataria.
De hecho, los recurrentes también habían cuestionado la configuración del contrato en un único lote, la amplia flexibilidad en los requisitos de antigüedad y otros aspectos de los pliegos.
El interior de uno de los vehículos con siete años de antigüedad de Ambulancias CSA, integrante de la UTE
Esas alegaciones no prosperaron y la nueva licitación mantuvo buena parte de la estructura inicial.
Pocas esperanzas
Ahora es AGETRANS, la asociación que agrupa a grandes empresas nacionales del sector, quien ha llevado de nuevo los pliegos ante el tribunal.
Frente a este nuevo tropiezo, fuentes del sector reiteran su pesimismo hacia la esperanza de que la Generalitat Valenciana presente un proceso nuevo con condiciones, para ellos, más justas.
Una medida cautelar de suspensión no cambia las condiciones, tan solo detiene el proceso para revisarlo y estudiar de fondo las cuestiones planteadas.
Conocimiento en profundidad
Así pues, con los mismos parámetros, la propuesta de la UTE integrada por Ambulancias CSA, Ambulancias Autónomas, Ambulancias y Servicios Valencia, Alquiler Car Luxe, Ambulancias Ayuda y Ambulevante seguirá concurriendo en solitario.
Varios vehículos sanitarios de Ambulancias CSA
Varias de las empresas ya habían concurrido juntas en el procedimiento anterior, junto a Ambulancias Edetanas y Transvía, por lo que ya conocen el servicio y cuentan con implantación en las tres provincias.
La fórmula tampoco es nueva. El transporte sanitario valenciano acumula distintas alianzas empresariales --con las empresas habituales-- desde hace años, con la UTE Ambulevante en 2014, la UTE Ambulancias Ayuda en 2017 y, ahora, Ayuda TSCV.
Un historial con antecedentes
La discusión sobre la competencia tampoco empieza con este concurso.
En el procedimiento anterior al de 2017, la Comisión Europea cuestionó determinadas condiciones de la licitación valenciana por considerar que podían tener un efecto discriminatorio sobre otros operadores.
La Generalitat decidió entonces no prorrogar aquel contrato y convocar uno nuevo con cambios en las condiciones de acceso.
Uno de los problemas señalados estaba relacionado precisamente con la necesidad de disponer previamente de una flota de grandes dimensiones para acreditar la solvencia.
Sede de la Comisión Europea
El nuevo concurso permitió entonces disponer de varios meses después de la adjudicación para cumplir determinados requisitos de vehículos.
Aquel episodio no permite concluir que las objeciones de entonces se repitan ahora, pero sí explica por qué la concurrencia vuelve a estar en el centro de la historia de un contrato que ha vuelto a chocar con el tribunal de contratación.
Más presupuesto
El nuevo megacontrato supone un salto cuantitativo y cualitativo respecto al anterior (adjudicado por 366 millones de euros).
Por ahora, el calendario que debía llevar a la apertura de las ofertas económicas el 16 de octubre queda en suspenso.
El TACRC deberá resolver ahora el recurso de AGETRANS y decidir si levanta la medida cautelar o si aprecia motivos para estimar las objeciones planteadas contra los nuevos pliegos.
La resolución de la medida deja expresamente en manos de la decisión sobre el recurso el levantamiento de la suspensión.