La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, observa al presidente del Govern de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguración de la 41ª edición del encuentro anual del lobby
El Cercle avala a Illa, pero le reprende en vivienda e inmigración
Los empresarios aplauden los presupuestos, el Consorci d'Inversions y la financiación autonómica, aunque afean el tope a los alquileres y el estancamiento del PIB per cápita, que vinculan a la política migratoria
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Salvador Illa llegará este agosto al ecuador de su mandato, tiempo para rendir cuentas de las acciones que los socialistas han llevado a cabo en su vuelta al Govern de la Generalitat. Este caluroso lunes de junio le ha tocado pasar revista frente al Cercle d'Economia, presidido por la prestigiosa académica Teresa Garcia-Milà.
El Cercle, que agrupa a los más representativos empresarios de Cataluña, ha intentado siempre jugar el delicado papel de la moderación en una comunidad agrietada por el procés. Tras los efervescentes años de exaltación nacionalista, el foro vio en Illa una oportunidad para recobrar la ansiada "normalidad institucional".
Dos años después, los empresarios aún le reconocen ese mérito, especialmente tras la agónica aprobación de presupuestos de la Generalitat, los primeros desde 2023, tras arduas negociaciones con los Comuns y Esquerra Republicana.
Mejorar la ejecución inversora
De esas reuniones, han salido otras loables propuestas para los empresarios, como la creación del Consorci d'Inversions, o la sociedad mercantil mixta en su defecto, la alternativa encontrada para mejorar la ejecución de obra pública estatal --reivindicación histórica del Cercle-- sorteando el, para muchos, incomprensible veto de Junts en el Congreso.
"Seguro que tendrá un buen impacto", celebró también Garcia-Milà acerca del nuevo modelo de colaboración público-privada anunciado por el jefe del Govern, en un auditorio repleto de primeras espadas de la economía catalana, como Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, y Pau Relat, presidente de Fira, entre muchos otros.
El encuentro también ha servido para bendecir los cambios en el accionariado de la Zona Franca, cuya mayoría será catalana y no estatal. El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat se repartirán el 55% de un patronato que gestiona inmuebles y suelo clave en el desarrollo logístico e industrial de Cataluña.
Financiación autonómica
Otra de las propuestas más aplaudidas por los empresarios es la reforma de la financiación autonómica pactada por el Govern y ERC, que debe regar a Cataluña con 4.700 millones de euros anuales más, y que, para los empresarios, lleva "12 años parada".
El Cercle ha reiterado en sus notas de opinión que el modelo actual no funciona, genera desequilibrios territoriales y asfixia la provisión de los servicios públicos esenciales. Además, apunta que el pacto es clave para afrontar los retos demográficos y la pérdida de productividad económica acumulada en las últimas décadas.
Teresa Garcia-Milà, presidenta del Cercle d'Economia, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la 41ª edición de la Reunión del Cercle d'Economia, en Barcelona
Por ello, se aplaude la voluntad de Illa, de Esquerra y del Gobierno de "modernizar el Estado autonómico, corregir desequilibrios y reducir la desafección política", pues, en sus palabras, podría "beneficiar a todas las comunidades".
No obstante, ese monto de recursos extra podría no llegar si la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) descarrila en el Congreso de los Diputados. Esta es, de hecho, una de las misiones de la legislatura que la Generalitat ha puesto en manos de la alambicada aritmética de la que también depende el presidente Pedro Sánchez.
Vivienda, la nota discordante
En el capítulo de las cuentas pendientes, la vivienda es la gran gran carpeta por cerrar y que alarma a todos los asistentes de la 41ª edición de la Reunión del Cercle d'Economia. Si bien es primordial tanto para el Ejecutivo socialista como para la élite económica de Cataluña, ambos discrepan en la receta a seguir a corto plazo.
Para los empresarios, las múltiples modificaciones legislativas en materia de vivienda ahondan en la "inseguridad jurídica" que repele a los promotores, espantados ante las dificultades de calcular la rentabilidad de los pisos que levantan desde que empiezan las obras hasta que los ofrecen al mercado.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, en el centro, acompañados por varios miembros del Govern y figuras del mundo empresarial catalán en el inicio de la 41ª edición de la Reunión del Cercle d'Economia, en Barcelona
Los efectos del tope a los alquileres
En este sentido, ha resonado en el Palau de Congressos de Catalunya la crítica de Garcia-Milà al tope a los precios del alquiler, una norma que emana de la ley del Gobierno de Pedro Sánchez y que en Cataluña se aplica a rajatabla.
Esta no ha generado "los efectos deseados" al provocar una reducción de la oferta, al tiempo que ha dado lugar a las primeras multas. Y pese a que la mayoría recaen sobre inmobiliarias y portales de anuncios, la académica ha pedido que no se traslade sobre los propietarios la presión de dar respuesta al drama de la vivienda.
Illa pide empatía
En su respuesta, Illa ha pedido empatía y perspectiva para entender la urgencia del momento. "Pónganse en el lugar del Govern, que interlocuta con ciudadanos que tienen trabajo pero que no pueden acceder a una vivienda", ha rebatido el president, poniendo el ejemplo de un investigador que "con 35 años y un salario correcto" no puede dejar de compartir piso.
"¿Qué les digo a estas personas, que esperen cinco años? No me siento capaz", ha zanjado el socialista.
Sea como fuere, la enmienda del Cercle ha sido parcial y no total, puesto que sí que ha celebrado los esfuerzos de los socialistas para aumentar la oferta pública de vivienda. En esta misión, cuentan con el "compromiso" del sector privado, ha dicho Illa, apoyándose en los resultados del primer concurso de solares para construir 50.000 pisos protegidos.
![Grúas en la construcción de edificios](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/10\/27\/recomendados\/1003742701725_15328842_320x180.jpg"])
Inmigración y productividad
Asimismo, una de las notas más amargas del Cercle a Illa ha sido sobre su percepción del denominado "modelo de país", que han definido como "extensivo, con baja productividad y sueldos estancados", lo que señalan como el principal reto económico tanto del Gobierno como de la Generalitat.
Para el foro, el actual modelo migratorio ha aumentado el PIB total, pero ha estancado el PIB per cápita desde hace lustros, debido a que muchos de los inmigrantes son trabajadores no cualificados con baja remuneración, una conclusión muy en sintonía con el reciente y polémico Informe Fénix de un grupo de economistas catalanes.
![Teresa Garcia Milà, presidenta del Cercle, junto a su director general Miquel Nada](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2026\/02\/19\/business\/1003742734274_15736297_320x180.jpg"])
Una crítica encajada por el socialista mientras su administración tiende la mano a la regularización extraordinaria de extranjeros acometida por la Moncloa. En Cataluña, este procedimiento beneficiará a hasta 150.000 personas y cuenta con la complicidad de todos los agentes socioeconómicos.
Sin embargo, se pide transitar hacia un modelo "ordenado, cualificado y compatible con la capacidad de acogida e integración de Cataluña, más alineado con las necesidades del país". De lo contrario, el actual paradigma dificultará la cohesión social y la sostenibilidad del Estado del bienestar, han apuntado.
El problema energético
En la toma de la temperatura de las políticas socialistas por parte del empresariado catalán, Garcia-Milà también ha pedido a Illa más regulación y transparencia para impulsar el pujante sector biotecnológico catalán y una mayor apuesta por la industria de la defensa.
En cuanto a energía, si bien los empresarios catalanes consideran que el camino hacia las fuentes renovables es el adecuado, no se puede olvidar que la nuclear genera casi el 60% de toda la generación eléctrica en Cataluña. Cuando la vida útil de Ascó y Vandellòs llegue a su fin, en 2030 y 2035, la comunidad debe encontrar otras formas de garantizar su suministro energético o bien alargar la longevidad de ambas centrales.
