Coincidiendo con los seis meses del estallido del brote de peste porcina africana (PPA) en Cataluña, una crisis que mantiene en alerta al sector agrario, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha respaldado la actuación de la Conselleria de Salut en uno de sus controles sobre la carne de caza bajo sospecha sanitaria.
La empresa afectada, Senglar de Girona S.L., reclamaba a la Generalitat una indemnización de más de 120.000 euros por las pérdidas derivadas de la obligación de inmovilización y destrucción de decenas de jabalíes.
La compañía acusaba a la administración de asfixiar su actividad con controles rígidos y continuos cambios de criterio técnico.
La fachada de la nave de producción de Senglar de Girona S.L.
El fallo, al que ha tenido acceso Crónica Global, desestima estos argumentos y refuerza la capacidad de Salut para aplicar medidas preventivas, al dictaminar que la empresa tiene "el deber jurídico de soportar" las pérdidas económicas en aras de la seguridad alimentaria.
Sospecha de triquina
El origen del litigio se remonta a finales de 2019, cuando inspectores inmovilizaron partidas de la firma.
Según la sentencia, 72 canales —las piezas preparadas para el despiece comercial— carecían del precinto obligatorio colocado por el cazador, un elemento indispensable para garantizar la trazabilidad. La falta de este identificador original impidió validar la procedencia de las piezas.
En paralelo, Salut ordenó destruir otros diez canales tras detectarse un positivo por sospecha de triquina, una enfermedad parasitaria transmisible a humanos, en una muestra colectiva.
Carne de jabalí de Senglar de Girona S.L envasada
Aunque los análisis individuales posteriores dieron negativo, ante la imposibilidad de aislar el foco de infección, la Administración obligó a desechar todo el lote siguiendo los protocolos oficiales.
La triquinosis ha protagonizado brotes autóctonos en Cataluña por el consumo de jabalí sin control, como el registrado en Bóixols (Lleida) en 2022 por ingesta de embutido casero, o las alertas por canales infestadas en el Vallès Oriental en 2024.
El TSJC considera que la actuación fue proporcionada y plenamente ajustada al principio de precaución sanitaria.
Comercializar en plena crisis
Esta resolución judicial cobra especial relevancia en un momento de presión sobre la gestión del jabalí en Cataluña.
La crisis de la PPA ha vuelto a evidenciar la elevada densidad de población de esta especie en los bosques catalanes, estimada entre 125.000 y 180.000 ejemplares.
Aunque el virus no ha entrado en ninguna granja, el sector mantiene la alerta por el fuerte impacto económico que tendría una expansión del brote hacia explotaciones porcinas.
Para contener la enfermedad, la Generalitat mantiene un amplio dispositivo de control y captura de animales en las zonas afectadas.
Por estricto protocolo biosanitario, todos los jabalíes atrapados dentro del perímetro del brote se destruyen de forma inmediata y su comercialización está prohibida.
Fuera de estas áreas restringidas, la Administración también ha intensificado las capturas preventivas para reducir densidades y frenar el avance de la enfermedad.
Es precisamente esta carne apta para consumo la que intenta introducirse en el circuito comercial y la que, según denuncia el sector, acaba chocando con un sistema de control extremadamente rígido.
Desgaste empresarial
Las fricciones operativas terminaron provocando el colapso del negocio gerundense.
Su fundador, que inició el proyecto con 23 años y llegó a contar con el apoyo técnico inicial de firmas como Tarradellas, Batallé o Friselva, relata el fuerte impacto financiero y personal que sufrió debido a las modificaciones constantes en los requisitos de la Administración.
Tras años lidiando con estas pautas, el empresario confiesa que la presión le provocó graves problemas de ansiedad, hasta que concluyó que "la opción más inteligente era bajar del barco" y alquilar las instalaciones a terceros a los 35 años.
Una piara de jabalíes
Esa presión se traducía, según la demanda y los correos aportados en el litigio —a los que este medio ha tenido acceso—, en exigencias técnicas que la empresa tildaba de antieconómicas.
La firma aseguraba que la Generalitat llegó a obligar a testar de triquina a rumiantes —herbívoros que no transmiten el parásito—, tomar muestras con pelo —aumentando el riesgo de contaminación— o exigir cortes de más de 40 gramos en las extremidades delanteras, restando valor a las piezas más cotizadas.
Salut, por su parte, justificó las decisiones ante el juez alegando criterios estrictos de inocuidad.
El expurgado
Otra de las fricciones giraba en torno al expurgado —la limpieza y recorte de la carne dañada por el disparo—.
Salut prohibía retirar y desechar las partes afectadas antes de la inspección oficial post mortem.
La empresa argumentaba que mantener sangre coagulada, plomo y fragmentos de hueso unidos a la pieza sana favorecía la contaminación bacteriológica.
Por el contrario, la Generalitat defendió que eliminar partes del animal sin supervisión impedía valorar correctamente posibles anomalías o riesgos para el consumo.
La cumbre del Govern
Esta disputa operativa escaló incluso hasta la cúpula institucional.
En octubre de 2019, altos cargos de Salut Pública y de la Consejería de Agricultura mantuvieron una reunión para intentar mediar en un conflicto que, según la empresa, amenazaba la viabilidad de la industria de la carne de caza en Cataluña.
Un precedente favorable a Salut
Desde Senglar de Girona apuntan a un problema estructural: la interpretación restrictiva de la normativa europea por parte de la Generalitat, frente a la mayor flexibilidad aplicada en otras regiones de España.
Aunque el TSJC reconoce "serias dudas de hecho y de derecho" —motivo por el cual no impone las costas procesales a la cárnica—, la resolución supone un importante respaldo a los protocolos de Salut.
El fallo prioriza la seguridad alimentaria frente a un sector privado que reclama reglas homogéneas y estabilidad regulatoria para poder rentabilizar su actividad.