Varios vehículos sanitarios de Ambulancias CSA
La sombra del 'caso Innova' en Castellón: Ambulancias CSA, entre conflictos de interés y espionaje
La adjudicataria hegemónica del transporte sanitario en la provincia valenciana, propiedad de Bernardo Coslado, ha sido señalada por irregularidades en su sistema de votación sindical, mientras suma críticas por eludir los protocolos de bioseguridad en el tratamiento de uniformes
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La estabilidad de Ambulancias CSA, la mercantil que gestiona de forma prácticamente exclusiva el transporte sanitario en Castellón, ha estado marcada por las tensiones laborales desde que se hizo con el servicio.
A escasos meses de que la Generalitat Valenciana abra la licitación de un contrato estratégico valorado en 632,9 millones de euros, la empresa propiedad de Bernardo Coslado —exadministrador de Ambulàncies Baix Ebre e investigado en la pieza separada número 7 del 'caso Innova' en Cataluña por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación— es objeto de nuevas reclamaciones por parte de los trabajadores.
El conflicto de la mesa electoral
El foco de la controversia se sitúa en la mesa electoral, el órgano encargado de velar por la transparencia del sufragio en las elecciones sindicales para renovar el comité de empresa, previstas para el próximo 8 de mayo.
Según denuncian fuentes sindicales de UGT, la presidencia del órgano ha recaído en un trabajador con "vínculos familiares directos con la cúpula de la empresa", una circunstancia que, según sostiene la central sindical, compromete la neutralidad necesaria en el proceso.
Supervisión externa
Ante esta situación, el proceso ya cuenta con un laudo arbitral —resolución de obligado cumplimiento dictada por un tercero neutral— que certifica las discrepancias en la organización.
No obstante, fuentes conocedoras del proceso aseguran a este diario que la resolución definitiva aún no se ha hecho pública y que las partes están a la espera de conocer el fallo final, que determinará si se mantiene el actual calendario o se obliga a una reestructuración total del órgano de control electoral.
Un voto obstaculizado
Bajo la actual composición, la mesa ha tomado decisiones que la plantilla califica de "barreras físicas" al voto.
A pesar de que en procesos anteriores se habilitaban urnas itinerantes en puntos como Vinaròs o Sagunt para facilitar el acceso a los técnicos de las bases periféricas, la mesa ha optado por centralizar el proceso en la ciudad de Castellón.
Esta medida obliga a los empleados de las zonas más alejadas a realizar trayectos de más de 100 kilómetros fuera de su jornada laboral para ejercer su derecho al voto, una logística que el sindicato impugna por dificultar el ejercicio de un derecho democrático básico.
![Bernardo Coslado, fundador de Ambuebre y consejero de Ambulancias CSA, en el juzgado](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2024\/04\/07\/business\/845925451_12740343_320x180.jpg"])
Para las fuentes consultadas, esta logística responde a una voluntad de minimizar la participación de los sectores más críticos con la dirección de Coslado.
El precedente de espionaje
Esta tensión electoral se suma a antecedentes judiciales recientes. En septiembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ratificó la nulidad del despido de un delegado sindical a quien Ambulancias CSA sometió a vigilancia mediante un detective privado.
La mercantil contrató a un profesional para seguir al empleado fuera de su horario laboral bajo la premisa de un presunto fraude en sus horas sindicales.
Palacio de Justicia sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
La sentencia obligó a la readmisión del trabajador y declaró probado que se produjo una vulneración de derechos fundamentales, calificando el uso de estos métodos de vigilancia —sin indicios sólidos de ilícito— como una práctica impropia y desproporcionada en el marco de una adjudicataria de servicios públicos.
Persistencia del riesgo biológico
La crisis de relaciones laborales se solapa con deficiencias operativas que, según la plantilla, la dirección todavía no ha subsanado.
Pese a que el contrato con el SESCV (Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana) obliga a la mercantil a garantizar la desinfección industrial del vestuario, la situación —relatada recientemente por Crónica Global— permanece inalterada.
Incumplimiento de protocolos
Este incumplimiento contraviene el Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, que prohíbe que los empleados se lleven la ropa de trabajo a sus domicilios.
"Seguimos asumiendo el riesgo en nuestras casas y pagando de nuestro bolsillo la limpieza que la empresa ya percibe de forma específica en las partidas de la Generalitat", confirman fuentes de la plantilla a este diario.
Los Técnicos de Emergencias Sanitarias (TES) aseguran a este digital que la mayoría continúa lavando los uniformes en casa, en lavadoras domésticas o, en el mejor de los casos, trasladan la ropa potencialmente contaminada en sus vehículos particulares.
Facturas bajo sospecha
Bernardo Coslado fue investigado en el 'caso Innova' por el presunto pago de comisiones mensuales de 5.000 euros a Josep Prat, entonces director del ICS, mediante la emisión de facturas presuntamente falsas por asesoramientos inexistentes.
Imagen del interior del Hospital de Reus / Cedida
A pesar de que la instrucción se cerró con el procesamiento de los implicados, la macrocausa Innova ha enfrentado una dilatada parálisis procesal.
A falta de una sentencia firme, Coslado ha podido mantener su actividad empresarial en la Comunidad Valenciana tras la liquidación de sus mercantiles catalanas en 2017.
Este diario se ha puesto en contacto con el equipo de Ambulancias CSA para recabar su versión sobre estos hechos sin haber obtenido respuesta al cierre de esta edición.
