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La nueva regulación de las ITV amenaza el reinado de Applus+ en Cataluña
La multinacional se beneficia del bloqueo legal del sector para copar aún la mitad del mercado de la inspección técnica de vehículos
Exclusiva: Cataluña liberalizará las ITV: más empresas, menos esperas y flexibilidad de precios
El reinado de Applus+ en el servicio de la inspección técnica de vehículos (ITV) tiene los días contados en Cataluña. La Generalitat ultima un anteproyecto de ley que liberalizará con condiciones el sector, hoy copado por la compañía.
Uno de los objetivos de la nueva regulación, que se encuentra en su fase final de la tramitación antes de ser aprobada en el Consell Executiu y en el Parlament, es ampliar la competencia y abrir un mercado que los técnicos de la conselleria de Empresa y Trabajo califica de "casi-monopolístico".
"Se garantiza la competencia"
Fuentes del departamento explican que la intención es "garantizar la libre elección de operadores por parte de los conductores".
Esta nueva liberalización, avanzada por Crónica Global, resolverá el bloqueo legal que pesa sobre el servicio al dar entrada a nuevos operadores sin límite alguno, lo que reducirá la parte del pastel retenido por la multinacional catalana.
Oportunidad
Un plan ampliamente celebrado por voces del sector de la certificación de vehículos, que abrazan esta "oportunidad" que les permitirá entrar en zonas en las que no tienen presencia.
"El modelo es de libre acceso para todo el que cumpla los requisitos y obligaciones y, por tanto, se garantiza la competencia", explican desde el departamento de Miquel Sàmper. "La nueva normativa lo que quiere asegurar es una prestación del servicio suficiente, homogénea y de calidad en todo el territorio", agregan.
La mitad del mercado
Applus+ llegó a superar el 80% de la cuota de mercado durante la primera década del siglo, y aún mantiene una posición de privilegio, al controlar 26 de las 50 estaciones repartidas por Cataluña.
Suyos son la mayoría de los centros ubicados en las zonas más atractivas de la región, aquellas con un parque automovilístico más voluminoso. Son el área metropolitana de Barcelona y las comarcas del Vallès y del Maresme, así como la provincia de Tarragona.
Un trabajador revisa el motor de un vehículo en la ITV
Además, Applus+ se reparte la mitad de las estaciones de la capital catalana e inspecciona todos los vehículos censados en la ciudad tarraconense, en el único punto habilitado para ello en la urbe. También copa la provincia de Lleida y su capital.
En Girona, tan solo retiene un centro para pasar la ITV, el de Puigcerdà, lugar de retiro de la clase acomodada.
Desde finales de los 90
Nacida a finales de los 90 bajo el grupo Agbar, Applus+ construyó su reinado mediante adquisiciones y, en los 2000, la firma ya aparecía como una de las dos grandes concesionarias del sistema catalán.
En 2003, para evitar el vencimiento de las concesiones tres años después sin tener preparado un nuevo concurso, el Govern de Convergència i Unió (CiU) amplió su explotación, lo que benefició a Applus+ y disparó un conflicto político y judicial.
El tripartit revirtió la decisión y anunció un nuevo modelo para acabar con el oligopolio, entonces compartido con RVSA. Ningún operador podría disfrutar de más del 50% del pastel, lo que impedía a Applus+ optar a nuevos concursos.
Un bloqueo que beneficia a la firma
Pero tanto esta como otras condiciones toparon en 2012 con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, en 2016, con el Tribunal Supremo. Los tribunales las encontraron restrictivas y contrarias a la normativa europea, por lo que tumbaron el plan.
Dicho varapalo sume al sector desde hace una década en un bloqueo legal que no permite la entrada de nuevos operadores, lo que blinda la posición de Applus+ y empuja a la Generalitat a diseñar una nueva regulación.
"Hasta que no se cambie el modelo, no se quieren emitir nuevas autorizaciones", explican fuentes del sector, que alertan de que "no solo ha aumentado el parque de automóviles en estos años, sino que el envejecimiento es notable sin que hayan aflorado nuevas estaciones".
En manos británicas y americanas
Applus+ fue adquirida por el fondo británico TDR --de Londres-- y el estadounidense I Squared Capital --Miami-- en 2025, y se integró en Amber BidCo, S.L, la cabecera desde la que gestionan a la empresa certificadora.
Este movimiento comportó la vuelta de la sede social de Applus a Cataluña, ocho años después de ser trasladada a Madrid durante el éxodo empresarial que provocó la inseguridad jurídica del procés.
Imagen de la sede de Applus+ en Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Así, la firma siguió los pasos de otras grandes corporaciones catalanas, como Criteria, Fundación LaCaixa, Banco Sabadell y Cementos Molins, tras la vuelta del PSC a la Generalitat y la normalización institucional con la presidencia de Salvador Illa.
Más operadores y estaciones
El nuevo plan territorial que preparan los socialistas busca resolver los problemas crónicos de las ITV en la región.
Además de dar entrada a nuevos operadores sin límite alguno, incrementará la competencia con una flexibilización de precios --topados a 45 euros-- que hará que las certificadoras ajusten sus tarifas para rivalizar por la clientela.
Cuatro semanas de espera
Las nuevas autorizaciones, asimismo, aumentarán la oferta y paliarán la saturación del servicio. La poca disponibilidad de citas lastra hoy a los negocios dedicados al transporte por carretera, con una lista de espera de tres a cuatro semanas para inspeccionar los vehículos de gran pesaje.
De hecho, el 37% de los camiones que circulan por Cataluña tienen la ITV caducada, según datos del Servei Català de Trànsit (SCT).
Al crecer de forma paulatina, los técnicos pronostican que el número de centros se ajuste a la demanda real, lo que ayudará a absorber el exceso de demanda y a reducir los tiempos de espera de las zonas más saturadas.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el 'conseller' de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper
Liberalización con condiciones
Asimismo, el nuevo modelo, que la conselleria de Sàmper ha bautizado como "de acceso libre con ponderación territorial", obligará a las empresas que quieran abrir una estación en el área metropolitana de Barcelona, el Vallès y la costa central a hacerlo también en el resto de zonas, menos rentables.
Con este contrapeso en el mercado, la Generalitat pretende extender la red más allá de la capital y mejorar la cobertura en todo el territorio, con ayuda de las estaciones móviles, que sí seguirán funcionando con concesiones.
