Sagalés va al barro para abrir en Galicia: "trato desigual" y una condena

Sin embargo, el proceso ha despertado dudas entre las empresas competidoras --e incluso del auditor municipal-- sobre la forma en que se han evaluado las propuestas. A esto se suma la controversia en torno a su socio, la empresa Gavilanes, cuyo fundador fue condenado por falsificar tarjetas de transporte por carretera.

Se trata del contrato del servicio de transporte público colectivo urbano de Ourense para el período 2026-2031, valorado en 57 millones de euros (IVA incluido), con una duración de cinco años.

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Este concurso, lanzado a inicios del pasado año, acumula un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Gallego (Tacgal) y genera controversia porque el último contrato lleva más de diez años caducado. El servicio actual continúa bajo la gestión de Avanza.

Recurso fallido

El caso se remonta a inicios de marzo de 2025, cuando el Concello de Ourense sacó a concurso el servicio. Pocas semanas después, la empresa Hedegasa interpuso un recurso ante el Tacgal contra los pliegos, alegando errores en los costes, problemas técnicos (en algunas rutas) y deficiencias administrativas.

Pero sus quejas apenas lograron retrasar el proceso ya que, a finales de abril, el organismo tumbó el reclamo por falta de pruebas que respaldaran la postura.

Admisión

Pese a las primeras tensiones, cuatro UTEs se presentaron y fueron admitidas: la citada Sagalés-Gavilanes; Monforte-Alcalabus (Monbus); Barraqueiro Transportes-Anpian Bus; y Avanza-Autos González.

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Durante los meses siguientes, se efectuó la valoración de las ofertas, aunque con ciertas discrepancias. En octubre pasado, por ejemplo, se presentó el primer informe de evaluación técnica de las empresas, un documento que el auditor municipal consideró con "poco rigor".

Falta de claridad

El funcionario --encargado de supervisar la gestión económica del consistorio-- apuntó varias dudas sobre el sistema de puntuación utilizado. En su propio informe, sostuvo que no quedaba claro por qué algunas UTEs obtenían números más altos que otras.

Las discrepancias se centraban en aspectos como los diferentes planes de organización de vehículos y conductores; las instalaciones ofrecidas para usar como cocheras; y los recursos de personal destinados a la atención e información a los usuarios.

Carrera

A pesar de ello, el proceso continuó y se fijaron las puntuaciones. La oferta de Sagalés encabezó la valoración técnica con 35 puntos, mientras que el actual operador del servicio quedó rezagado con 24.

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En paralelo, se revisaron los precios para comprobar que no hubiera ofertas tan bajas. Avanza presentó la más barata, pero su ventaja económica no bastó para compensar la puntuación técnica de sus rivales.

Problemas

En la misma línea, también surgieron dudas sobre las cuentas. En la revisión de los planes económicos, el auditor detectó otros fallos, por lo que pedía garantías para asegurar la viabilidad de los presupuestos.

Pese a estas observaciones, se dieron por válidas las ofertas, concluyéndose que los servicios podían prestarse con los recursos propuestos.

Propuesta

El pasado viernes se hizo pública el acta de la mesa de contratación, donde se aprueba el resultado final y se propone como adjudicataria a la empresa catalana con 93 puntos, muy por encima de las demás competidoras.

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Ahora, se encuentra en el plazo de diez días para presentar la documentación y la fianza.

Su socio, condenado

La UTE propuesta como adjudicataria incluye a Gavilanes SL, una empresa familiar de Ourense dirigida por José Luis Gavilanes Losada, alcalde del Partido Popular (PP) en Xunqueira de Ambía desde 1979.

Conviene mencionar que la compañía no guarda experiencia previa en este servicio y tiene archivada una investigación por explotación laboral en 2018.

Eso sí, el empresario-primer edil fue condenado por falsificar tarjetas de transporte en 2001. Encajó una sentencia de 15 meses de prisión, según explicó entonces La Voz de Galicia.

Advertencia

Controversias aparte, la evaluación ha despertado dudas en Avanza, que solicitó acceso al expediente hace meses, y hasta ahora no recibe respuesta.

La compañía de Mobility ADO sostiene que esta "escasa experiencia de Gavilanes", y el hecho de que ellos obtuvieran la puntuación técnica mínima para no quedar excluidos del proceso, resultan "llamativos".

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Desde la empresa confirman a este medio que presentarán un recurso especial contra la decisión adoptada. Consideran que el proceso debería declararse nulo y volver a iniciarse. En caso de que no prospere, acudirán a los tribunales ordinarios mediante un contencioso-administrativo.

Sagalés, por su parte, no había respondido las preguntas de este digital sobre la cuestión hasta la publicación de esta edición.