El Institut Ostrom debate sobre el impacto económico y jurídico de prohibir los pisos turísticos

Un debate organizado por el Institut Ostrom ha debatido sobre las consecuencias económicas y jurídicas de la prohibición de los pisos turísticos. Juristas y representantes del sector han cargado contra el "intervencionismo del mercado" y la "vulneración de la propiedad privada" del decreto.

Han participado en la charla Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil de la URV; Marian Muro, directora general de Apartur; y Guillem Laporta, presidente del Moviment de Treballadors pel Lloguer Turístic. La periodista Estefania Molina ha conducido el acto.

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Tras la introducción, el debate se ha centrado en las implicaciones jurídicas de la regulación del alquiler turístico. El catedrático de Derecho Civil de la URV, Sergio Nasarre, ha recordado que en 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló que los ayuntamientos pudieran decidir si una vivienda podía destinarse a uso turístico. A su juicio, aquello marcó un precedente preocupante.

"Era inaudito que un alcalde dijera qué puedes o no hacer en tu casa. Es el comienzo para empezar a minar la propiedad privada”, ha afirmado, al señalar que este tipo de medidas suponen “el primer paso de una intervención del mercado”.

Nasarre ha sostenido además que el impacto del alquiler turístico en el mercado de la vivienda es “mínimo” y ha criticado que las políticas públicas en este ámbito se hayan aprobado sin una base académica sólida. “Todas las leyes de vivienda desde 2007 se han hecho sin estudios académicos serios”, ha asegurado. En su opinión, las restricciones tampoco han demostrado ser eficaces: “Nos hemos saltado principios jurídicos básicos y, encima, no ha servido para nada. Hay menos oferta y precios más altos".

Pérdida económica

Por su parte, la directora general de Apartur, Marian Muro, ha puesto el foco en las consecuencias económicas de una eventual eliminación de las viviendas de uso turístico (VUT). Según ha señalado, la posibilidad de que los propietarios pierdan sus licencias está frenando reformas y mejoras de los inmuebles. “Que un propietario pueda ser expropiado de su derecho está paralizando inversiones”, ha afirmado.

Muro ha defendido que este tipo de alojamiento tiene un impacto relevante en la economía local. Según datos del sector que ha citado durante el debate, la eliminación de las VUT supondría una pérdida cercana a los 1.900 millones de euros de PIB y unos 40.000 empleos. Además, ha recordado que el 65% del gasto de quienes se alojan en estos apartamentos se destina a restauración, comercio o actividades culturales.

El MWC, en peligro

La representante de Apartur también ha advertido de posibles efectos sobre el turismo de congresos y grandes eventos. A su juicio, Barcelona podría perder competitividad para acoger encuentros internacionales si se reduce la capacidad de alojamiento. En este sentido, ha mencionado el Mobile World Congress y la Ryder Cup, cuya celebración podría verse condicionada por la disponibilidad de plazas. “Nos pueden explicar lo que quieran, pero si no hay capacidad de alojamiento, determinados eventos no se podrán hacer”, ha señalado.

En el plano jurídico, Muro ha explicado que el sector ha iniciado acciones para revertir la regulación actual. Tras el rechazo de una reclamación patrimonial por parte de la Generalitat, las asociaciones han presentado un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con el objetivo de que se plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por una posible vulneración del derecho europeo.

Asimismo, ha recordado que Barcelona ya había limitado el crecimiento de esta actividad desde 2014 mediante medidas urbanísticas que paralizaron la concesión de nuevas licencias. “Hace una década ya se restringió la actividad; no hace falta eliminar ahora un sector económico entero”, ha defendido.

El mayor ERE de la historia

El presidente del Moviment de Treballadors pel Lloguer Turístic, Guillem Laporta, ha centrado su intervención en el impacto laboral de la regulación. Ha explicado que la entidad se ha creado recientemente para defender a los trabajadores vinculados a esta actividad, que consideran perjudicados por el decreto ley 3/2023. “Es un ataque al modo de vida de muchos trabajadores”, ha afirmado.

Laporta ha advertido de que, si se aplica plenamente la prohibición prevista para 2028, Cataluña podría afrontar “el mayor ERE de su historia”, con proyecciones de hasta 200.000 personas afectadas entre empleos directos e indirectos.

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Según los datos que ha expuesto, el 83% de los apartamentos turísticos pertenecen a pequeños propietarios --un porcentaje que en Barcelona se eleva al 85%-- y este tipo de alojamientos representa alrededor del 1% del parque de viviendas.

El representante del colectivo también ha rechazado que exista evidencia que vincule directamente la presencia de pisos turísticos con el aumento del precio del alquiler. A su juicio, la medida responde más a decisiones políticas que perjudican a trabajadores y pequeños propietarios.