Teresa Garcia Milà, presidenta del Cercle, junto a su director general Miquel Nada

Teresa Garcia Milà, presidenta del Cercle, junto a su director general Miquel Nada

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El Cercle asegura que el actual modelo migratorio pone en riesgo el Estado del bienestar

El foro económico catalán detalla que el actual flujo de inmigración está ligado a la "baja productividad" y tensiona el mercado del alquiler y los servicios públicos, sin llegar a aumentar el PIB per cápita

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Tras un silencio anormalmente largo en sus postulados opinativos, el Cercle d'Economia ha publicado un documento sobre uno de los temas más candentes de la actualidad social, política y económica: la inmigración.

En el texto, el foro económico urge a las instituciones a articular una verdadera política migratoria que supere el carácter "reactivo y fragmentario" de las últimas décadas.

La entidad advierte que la gestión actual está perpetuando un modelo económico de baja productividad y salarios reducidos que difícilmente puede garantizar, a medio y largo plazo, la sostenibilidad del estado del bienestar.

El Cercle alerta de que la llegada masiva de personas ha tensionado el mercado de la vivienda y los servicios públicos, que no han sido redimensionados para atender a los dos nuevos millones de personas que han llegado a Cataluña en dos décadas, una intensidad migratoria sin parangón en el entorno europeo.

"El volumen y la rapidez de este modelo migratorio en Cataluña ha tensionado la capacidad de acoger y ha presionado algunos ámbitos muy importantes, como el mercado de trabajo, la vivienda o la sanidad. Hay que modular los flujos y que se ajusten a nuestras capacidades", ha señalado Teresa Garcia Milà, la presidenta del foro.

En el documento, titulado La necesidad de una política migratoria, el Cercle señala que Cataluña y España han crecido mediante un modelo "extensivo" de inmigración.

Este sistema utiliza el aumento de la población para sostener el PIB, pero genera ganancias "muy limitadas" en renta per cápita.

Propuesta migratoria del Cercle

Frente a esto, la institución propone una apuesta por una inmigración moderada y cualificada, donde la tecnología y la innovación reduzcan la dependencia de la mano de obra masiva y permitan atraer capital humano más cualificado.

Esta transición exige, según el documento, coordinar la política migratoria con la capacidad real de acogida del país, especialmente en un mercado de la vivienda asfixiado por el desajuste entre la oferta y una demanda creciente.

Asunción de valores democráticos

El Cercle también reclama un contrato cívico basado en el equilibrio entre derechos y deberes para los migrantes, donde el acceso a la sanidad y la educación vaya acompañado de la asunción de los valores democráticos y el fomento del uso de la lengua catalana.

La entidad señala que, hasta ahora, la mayoría de la inmigración irregular en España es "sobrevenida", lo que afecta a personas que entran legalmente pero quedan atrapadas en un limbo legal tras expirar sus visados.

En este sentido, la nota califica el mecanismo del arraigo como un instrumento que no funciona para nadie, ya que condena a los recién llegados a años de precariedad e invisibilidad mientras genera un efecto llamada.

Regularización

Respecto a la regularización de 500.000 personas anunciada por el Gobierno español, el Cercle la califica de "inevitable" para aflorar la economía sumergida, pero advierte que supone la constatación de un fracaso.

"Es la muestra de que el sistema de gestión del flujo migratorio no funciona. Poner el contador a cero solo tiene sentido si se articulo una política real que evite generar una bolsa de migración irregular", ha apostillado Miquel Nadal, director general del Cercle.

Finalmente, la entidad hace un llamamiento directo a los partidos mayoritarios para que abandonen el "buenismo" y el "populismo" en favor de un consenso de Estado que trate la inmigración con mirada a largo plazo.

Para el Cercle, el éxito de la integración de las segundas generaciones y la calidad de la democracia dependen de que las instituciones recuperen la gobernanza del fenómeno y que el ascensor social vuelva a funcionar para todos los ciudadanos.