El pasado 14 de enero, la Guardia Civil detuvo a varios directivos de Griñó Ecològic en el marco de una investigación por la supuesta importación ilícita de residuos desde Italia al puerto de Tarragona.
Aquella operación, que acabó con los arrestados en libertad a las pocas horas, provocó un fuerte impacto mediático y un severo daño reputacional y económico a la empresa.
Ahora, casi un año después, Griñó sostiene que aquella causa nació de una manipulación deliberada y ha decidido contraatacar en los tribunales.
Griñó se defiende
La sucesión de informaciones que vinculaban a la empresa catalana con la mafia italiana y el tráfico de residuos tóxicos llevó a Griñó a contratar a mediados de 2025 a la agencia de detectives Método 3.
Planta de residuos Griñó Ecològic
El encargo respondía a la sospecha de que la investigación del SEPRONA de la Guardia Civil no se había activado de forma espontánea, sino tras la actuación premeditada y coordinada de varias personas con intereses particulares.
Las conclusiones de esa investigación privada acabaron desembocando en la presentación de una querella criminal en los juzgados de Tarragona, en la que la empresa denuncia la existencia de una trama organizada destinada a fabricar un relato falso y provocar una causa penal que la defensa califica de "artificial".
De investigada a querellante
La querella, ya admitida a trámite, dibuja un entramado cuyo objetivo habría sido destruir la reputación de Griñó y hundir su valor bursátil.
Parte del contenido de esa querella fue adelantado por La Vanguardia. Crónica Global, por su parte, ha tenido acceso íntegro al escrito, firmado por el letrado Fermín Morales, un documento que detalla los mecanismos, los actores implicados y el impacto económico inmediato que —según la empresa— tuvo esta presunta guerra sucia.
El núcleo financiero
La querella sitúa en el centro de la presunta operación a Gerardo Jara, empresario del sector agroalimentario y propietario de Certified Origins y Candor Capital, al que atribuye el papel de ideólogo y financiador de toda la estrategia.
Según el escrito, la ofensiva mediática y judicial se habría articulado a través de su entorno empresarial y fundacional, en concreto mediante la Fundación Jara Barceló, utilizada —siempre según la acusación— como vehículo financiero para canalizar pagos bajo la apariencia de mecenazgo cultural y ambiental.
Pagos que, según ha podido constatar este medio, servían para financiar proyectos en contra de Griñó.
Presupuesto destinado a los proyectos de la Fundación Jara Barceló
De hecho, Crónica Global ha podido concretar que la Fundación Jara Barceló destinó al menos 43.200 euros a financiar directamente el digital portaenrere.cat, dirigido por Rafael Marrasé Brull, desde el que se publicaron las principales informaciones que vinculaban a Griñó con el tráfico de residuos tóxicos y el crimen organizado italiano.
¿El objetivo? Lavar su imagen
El escrito judicial sostiene que la motivación de fondo no sería una competencia directa en el sector de los residuos, sino una operación de lavado de imagen corporativa —'greenwashing'— por parte del propio Jara.
La querella recuerda que empresas vinculadas a su grupo fueron objeto de investigaciones pasadas, donde se les habría señalado por comercializar productos presuntamente contaminados con sustancias cancerígenas como el plomo o el mercurio.
Según el escrito, desviar el foco hacia una supuesta contaminación ambiental en Tarragona —atribuida a la industria petroquímica y a gestores de residuos— permitía a Jara justificar problemas de calidad en sus productos.
El documento que sembró el relato
Otro de los pilares de esa estrategia, siempre según la querella, fue el documental 'INSOSTENIBLE – Rere la brossa', dirigido por Christophe Sion y estrenado en TV3 en 2023, un año y medio antes de que el SEPRONA activara la operación policial contra Griñó.
El trabajo audiovisual sostenía que parte del sector de los residuos en Tarragona estaría controlado por el crimen organizado italiano y apuntaba directamente a la empresa catalana como importadora de basura tóxica.
Cartel promocional del documental 'INSOSTENIBLE - rere la brossa'
La defensa subraya que ese trabajo audiovisual precedió y alimentó el relato que posteriormente acabaría transformándose en causa penal.
En la actualidad, sin embargo, el documental ya no se encuentra disponible en la plataforma 3Cat, un extremo que también se recoge en la querella como indicio de la fragilidad del relato construido.
El 'garganta profunda'
Asimismo, la investigación que sirve de base para la querella recoge el testimonio de Jesús Llungueras, exdirector de marketing del grupo empresarial de Gerardo Jara durante 12 años.
Su declaración constituye —siempre según la defensa— una prueba clave para acreditar la existencia de una "estrategia deliberada".
De acuerdo con el informe, Llungueras confesó que era él mismo quien indicaba los titulares que debían publicarse en portaenrere.cat y quien ordenaba retirar o modificar contenidos que no encajaban con el relato diseñado.
Consecuencias económicas
En paralelo, la querella también detalla que la campaña de desprestigio tuvo consecuencias económicas y reputacionales inmediatas.
En el plano bursátil, la Griñó sufrió un desplome del 27,87% del valor de la acción, lo que se tradujo en una pérdida de más de 3,64 millones de euros de capitalización en un corto espacio de tiempo.
Grupo Griñó
La realidad frente al relato
El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses dictaminó que no existían residuos peligrosos, descartando la presencia de materiales tóxicos como los descritos en el documental.
En paralelo, la supuesta conexión con la mafia italiana se diluyó durante la investigación policial ante la ausencia de pruebas que la sostuvieran. Además, la Agència de Residus de Catalunya (ARC) confirmó que las plantas de Griñó habían superado decenas de inspecciones sin irregularidades, desmintiendo el escenario de caos ambiental y falta de control descrito en el relato mediático.
La calificación penal
Según la querella, los hechos descritos podrían constituir varios delitos graves, entre ellos estafa procesal, por inducir presuntamente a error a la autoridad judicial mediante informaciones manipuladas; manipulación de precios y abuso de mercado, por la difusión de noticias falsas con impacto directo en la cotización bursátil de la compañía.
Incluso, pertenencia a grupo criminal, al entender que existió una actuación organizada y estable con fines ilícitos. Unos delitos que, de confirmarse, conllevarían penas de prisión.