En medio del pulso judicial que enfrenta a los tres liquidadores de Grand Tibidabo, la sociedad logró finalmente celebrar el pasado 6 de noviembre en Barcelona su junta general de accionistas.
Así, esta empresa catalana, dedicada durante décadas al sector de la inversión, encara por fin su liquidación definitiva tras casi tres décadas marcadas por conflictos societarios, pleitos encadenados y una lenta salida del laberinto judicial heredado de los años 90.
Y lo hizo con un giro relevante: la junta aprobó todos los acuerdos clave para cerrar la etapa más larga y compleja de su historia reciente.
Balance final de liquidación
Según consta en la web oficial de la sociedad, la sesión contó con un 13,9% del capital con derecho a voto y registró un amplio respaldo a las propuestas, con más del 90% de votos favorables entre los 67 accionistas presentes o representados. En total, 41 votaron a favor, 9 se abstuvieron y 6 en contra.
Entre los puntos aprobados figuran el balance final de liquidación, el informe de liquidación y las cuentas anuales de los ejercicios 2021, 2022 y 2023, además de la cuota de liquidación fijada en 0,15 euros por acción.
Imagen extraida de la web de Grand Tibidabo, donde se indica claramente que está en proceso de liquidación
De este modo, la sociedad prevé abonar esas cuotas en enero de 2026, siempre que no se presenten impugnaciones al balance dentro del plazo legal de dos meses. En caso contrario, el pago se realizará una vez las eventuales reclamaciones hayan sido resueltas por los tribunales.
Provisiones para litigios pendientes
Grand Tibidabo mantiene provisiones contables destinadas a cubrir contingencias derivadas de los procedimientos judiciales aún en curso, especialmente los impulsados por el despacho Miralbell Guerin, el empresario Javier Bruna (uno de los tres liquidadores de la sociedad) y las personas relacionadas.
Estas provisiones --subrayan desde la sociedad-- se liberarán en beneficio de los accionistas si los litigios pendientes se resuelven favorablemente, incrementando el importe final a distribuir entre los socios.
A preguntas de Crónica Global, fuentes de la compañía calculan que los pleitos vigentes podrían prolongarse unos cinco años más. No obstante, confían que ahora, con la liquidación aprobada, se pueda pagar a los socios y dar por concluido este largo proceso de liquidación.
La batalla legal
Las novedades de esta junta llegan en pleno cruce de acusaciones entre los propios liquidadores y un grupo de accionistas minoritarios, enfrentados por el rumbo de la liquidación.
Mientras los querellantes acusan a dos de los tres liquidadores de bloquear los pagos y dilatar el proceso, atribuyéndoles presuntas irregularidades en determinados desembolsos, la defensa de ambos niega tajantemente esas acusaciones y recuerda que la justicia ha avalado su actuación.
De hecho, el pasado octubre, el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona rechazó cesar a uno de ellos como liquidador, considerando que el caso responde a un conflicto mercantil y no a un delito penal.
Historia de ascenso y caída
El conflicto actual no puede entenderse sin volver a los años 90, cuando Grand Tibidabo se convirtió en protagonista de uno de los mayores escándalos financieros de Cataluña y de toda España.
Bajo el control del financiero y empresario Javier de la Rosa, la compañía acabó envuelta en un desfalco millonario que afectó a miles de accionistas.
El empresario Javier de la Rosa durante una declaración ante la Fiscalía Anticorrupción
De la Rosa fue posteriormente condenado por apropiación indebida, y la sociedad inició un proceso concursal que marcaría el destino de la empresa durante las siguientes décadas hasta la actualidad.
A partir de entonces, Grand Tibidabo entró en un laberinto judicial: se nombraron diferentes administradores concursales y liquidadores, se abrieron incidentes de nulidad, se presentaron reclamaciones cruzadas entre accionistas y cada avance procesal generaba nuevos recursos e impugnaciones.
La liquidación eterna
Tras varios intentos frustrados de avanzar, en 2018 se permitió un relanzamiento mercantil del proceso, esta vez bajo el control del equipo de nuevos liquidadores.
Sin embargo, fue a partir de 2023, con el nombramiento de los tres actuales liquidadores, que la liquidación entró realmente en su fase decisiva. Concretamente, se aprobó en una junta general de accionistas el 8 de septiembre de 2003, pero el camino ha estado lejos de ser lineal.
La existencia de fondos judicialmente bloqueados, la complejidad del reparto entre accionistas y los continuos pleitos han hecho que la empresa siguiera activa varias décadas después, en un escenario difícilmente comparable con cualquier otro proceso societario en España.
Imagen de la Ciudad de la Justicia de Barcelona con el logo de Grand Tibidabo
Hoy, casi 30 años después de aquel derrumbe, Grand Tibidabo encara lo que podría ser su cierre definitivo, con los últimos flecos judiciales aún pendientes y dos versiones diametralmente opuestas sobre la gestión de su liquidación.
Una disputa que mantiene viva la sombra de un caso que marcó la crónica económica de la Cataluña de los 90 y que, tres décadas después, sigue escribiendo nuevos capítulos en los tribunales.