Posiciones enfrentadas en la última batalla judicial de Grand Tibidabo, la histórica compañía catalana que resurgió de su quiebra en 2018 y hoy libra un complejo proceso de liquidación.
Después de que Crónica Global publicara la información relativa al presunto desfalco y las querellas interpuestas contra dos de los tres liquidadores —Alfredo Sánchez-Bella de Solís y Antonio de la Esperanza—, la otra parte da su versión y desmiente punto por punto las acusaciones formuladas por los accionistas minoritarios.
De hecho, una de las pruebas más sólidas que refuerza su versión es el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, que rechaza la suspensión cautelar de Sánchez-Bella de Solís y avala su actuación al frente de la liquidación de la sociedad.
En el texto, al que ha tenido acceso esta redacción, el magistrado Hugo Novales Bilbao concluye que no existen indicios suficientes de delito ni riesgo procesal que justifiquen una medida de tal calado, y subraya que la actuación de los liquidadores ha sido “judicialmente supervisada” por los órganos competentes.
“No ha lugar”
La resolución judicial describe un “enfrentamiento denodado” entre el accionista mayoritario —la mercantil Complata Iberconsulting, representada por Sánchez-Bella— y un grupo reducido de minoritarios que han acudido a “todos los cauces legales posibles” para apartarle de su cargo.
Imagen de archivo del exterior de la Ciudad de la Justicia
Según el magistrado, los querellantes elevan a la vía penal “una serie de conductas, en particular pagos de ciertas cantidades”, cuya legitimidad deberá analizarse en el marco civil o mercantil, pero que en ningún caso justifican una suspensión inmediata del liquidador.
En el texto se señala que los indicios de delito provienen solo del relato de los querellantes, sin pruebas sólidas que justifiquen una medida tan grave.
Tres querellas
Fuentes jurídicas próximas a Grand Tibidabo reconocen que actualmente existen tres querellas penales activas, además de los procesos civiles previos, algunos de ellos ya desestimados.
Desde el despacho que representa a Sánchez-Bella aseguran que, “de forma voluntaria y proactiva”, la sociedad está respondiendo a todos los escritos de la parte querellante, desmintiendo uno a uno los pagos supuestamente irregulares.
Su defensa alega que dichos gastos están amparados por la ley y tienen relación con la propia actividad societaria: costes derivados de juntas de accionistas, honorarios de servicios jurídicos o pagos de litigios en los que la empresa está personada para defender los intereses de sus accionistas.
Petición de sobreseimiento
A raíz del auto del Juzgado 4, la representación legal de Sánchez-Bella ha solicitado el sobreseimiento de las tres causas penales, al entender que se trata de un conflicto mercantil judicializado artificialmente.
Recuerdan que desde 2023 el tercer liquidador, Javier Bruna, ha interpuesto decenas de demandas civiles reclamando el pago de 63 facturas presuntamente impagadas —por un importe total de unos siete millones de euros— y que 14 de ellas ya han sido desestimadas.
De hecho, Grand Tibidabo ha presentado una querella por presunta falsificación documental contra ese accionista, al considerar que las facturas reclamadas fueron fabricadas de forma irregular. La denuncia ya está en manos de la justicia, pendiente de admisión a trámite.
Liquidación en la recta final
Con todo, la voluntad de Sánchez-Bella es cerrar el balance final de liquidación en la junta de accionistas prevista para este miércoles, dejando una pequeña provisión para los procedimientos aún abiertos.
Antigua sede de Grand Tibidabo en Barcelona
La compañía calcula que los pleitos podrían prolongarse unos cinco años más, pero confía en que la liquidación permita pagar las cuotas que corresponden a los socios y dar por concluido un proceso que, según la defensa, “ha seguido en todo momento los cauces legales y la supervisión judicial pertinente”.
Los querellantes insisten
Los querellantes, sin embargo, mantienen su tesis e insisten en que se han podido constatar diversos pagos que consideran irregulares, a pesar de que tanto la defensa de Grand Tibidabo como la de Sánchez-Bella, liderada por el despacho Think Legal Abogados, lo niegan ante el juez.
Según su versión, Sánchez-Bella y De la Esperanza estarían bloqueando el reparto entre los accionistas, prolongando deliberadamente la fase de liquidación.
Los querellantes sostienen que esa dilación responde a una maniobra de distracción y aseguran disponer de documentación que acredita la procedencia irregular de varios de los pagos cuestionados.
Con todo, dos versiones opuestas que han vuelto a situar a Grand Tibidabo en el centro de una nueva disputa judicial, encadenando pleitos desde prácticamente mediados de los años 90.