La trama de las opciones de compra de Barcelona ha enredado a dos gurús de las finanzas catalanas: Joan Borràs, CEO de Oxygen Private; y Álex Bové, manager en Strategic Solutions y, antiguamente, cofundador de AX Partners.
Ambos son considerados gurús de la inversión privada y el crédito alternativo en el sector inmobiliario. Ahora, han visto cómo su entorno profesional se ha cruzado con una investigación judicial que mantiene en vilo al juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, al notariado catalán y a buena parte de la zona alta de la ciudad.
Investigados
Por partes, el respetado Joan Borràs, según una fuente del sector financiero, es uno de los investigados en la causa de la sala 32. Aún no tiene fecha de declaración ante el juez, pero desfilará ante el togado en una fecha futura, según la documentación de la causa a la que ha accedido este medio.
Por su parte, Alex Bové, que fundó AX en el pasado y ahora está en la inversora inmobiliaria Paulson AM, es socio del anterior en Oxygen, un fondo con origen en Luxemburgo.
Ambos vehicularían opciones de compra de terceros por medio de ABP Fee Capital, también citada en la causa judicial del juzgado barcelonés.
El Café Europa, célebre lugar de reunión de la 'gente bien' de Barcelona
Preguntados repetidamente al respecto, ni Oxygen ni Paulson han contestado a este medio.
La trama
Silencios aparte, el caso sugiere una trama de presuntas estafas notarizadas articuladas a través de las conocidas como opciones de compra, que atañe también a al menos un notario barcelonés --posiblemente más, según avanzó RAC1-- y que, siempre según los investigadores, habría avalado operaciones con claros indicios de engaño.
Sin embargo, el fenómeno no se limita a su despacho y es muy generalizado en Barcelona, detallan fuentes del sector financiero.
Y la causa parece confirmarlo: la documentación judicial cita a una red de intermediarios, prestamistas, firmas y empresarios que, de un modo u otro, habrían participado en estas transacciones. Entre ellos, Joan Borràs.
En efecto, en el listado de investigados —al que ha tenido acceso Crónica Global— figura el financiero y abogado Joan Borràs Sala, empresario y prestamista catalán vinculado desde hace años sector inmobiliario.
Borràs es el CEO de Oxygen Private Credits, una reputada firma con sede en Barcelona --sobre el célebre Café Europa de la avenida Diagonal--, que se presenta como especializada en la financiación de proyectos inmobiliarios y en la gestión de operaciones de crédito privado.
Servicios que se ofrecen en la web de Oxygen Private Credits
Aunque su citación aún no tiene fecha asignada, su nombre aparece en la resolución judicial de tres páginas donde se detallan las más de 60 personas, empresas y entidades que deberán comparecer ante el juez instructor a partir del 31 de octubre.
Fuentes conocedoras del procedimiento apuntan que su imputación estaría relacionada con su actividad profesional, aunque no directamente con su empresa.
Una SL con su mujer
Según las mismas voces, Borràs vehicula los préstamos en estrecha colaboración de Alex Bové, su socio en Oxygen. Ambos utilizarían ABP, que administra la también letrada Ana Belén Pardo Martínez, aclara el Registro Mercantil. Esta es pareja del primero, según las mismas voces.
A diferencia del CEO de Oxygen, Álex Bové no consta como investigado en la causa penal del 32. Sí lo hace la sociedad de la pareja de su socio que, según voces del sector, sería instrumental para este tipo de operaciones.
Actores
Con todo, la investigación judicial —avanzada inicialmente por El Periódico— sostiene que el principal investigado coexistió con una red de colaboradores, integrada por prestamistas, intermediarios y empresarios, que habrían intervenido en operaciones ahora bajo la lupa del Juzgado de Instrucción.
En esta estructura los clientes firmaban lo que creían ser contratos de préstamo, cuando en realidad suscribían una opción de compra sobre su vivienda, fijada a un precio muy por debajo del valor de mercado, en algunos casos hasta un 50 % inferior.
Exterior de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, en una imagen de archivo
Además, las víctimas otorgaban un poder notarial de carácter “irrevocable”, lo que permitía al supuesto prestamista vender la propiedad sin su consentimiento previo y sin necesidad de informarles del proceso.
De esta manera, perdían su vivienda, convencidos de haber formalizado un simple crédito.
Según ha podido saber este medio, a partir del 31 de octubre, el juez instructor comenzará a tomar declaración a los más de 60 investigados, entre notarios, prestamistas, intermediarios, empresarios y sociedades vinculados a las operaciones bajo sospecha.
Una transacción extendida
Lo que para muchos afectados es una estafa encubierta, para parte del sector notarial no es más que una práctica “legal y habitual”. Tal y como avanzó Crónica Global, hasta 16 fedatarios barceloneses, entre ellos algunos de los nombres más reputados de la profesión, han autorizado este tipo de operaciones, conocidas como "préstamos con opción de compra".
Así lo demuestra un listado interno del propio colectivo notarial, al que ha tenido acceso este medio, y que confirma que los contratos de préstamo garantizados con una opción de compra sobre una vivienda son una transacción extendida y asumida dentro del gremio.
SIG y gurús inmobiliarios
Buena parte de estas operaciones las ha firmado Safe Investments Group (SIG), un intermediario que capta a los clientes y utiliza como leverage la financiación de otros gurús inmobiliarios como Pau Antó o Armand Baucells.
Personas mirando el escaparate de la inmobiliaria / EFE
Por su parte, la pareja Borràs-Bove también ha irrumpido en el negocio.
El Colegio ve legal la práctica
Todo ello ocurre en un momento en que el Colegio Notarial de Cataluña ha tomado partido en la polémica. El organismo recuerda que estas operaciones cuentan con la cobertura del Código Civil catalán --son, a priori, legales-- y puntualiza que, según sus datos, son muy minoritarias: menos de 1.000 al año, frente a decenas de miles de actos jurídicos cada ejercicio.
No es, pues, una práctica extendida, replican voces del Colegio. El ente emplaza a analizar caso a caso para cerciorarse de si "hay cláusulas confiscatorias" en los pactos. Si existieran estas provisiones abusivas, los pactos sí podrían ser nulos. De lo contrario, recaen dentro del Código Civil.
Sea como fuere, el Colegio Notarial de Cataluña se ha personado en la causa penal del juzgado 32 para "recabar información", destacan fuentes cercanas a la institución. No hay condenas ni inhabilitaciones, pero el fiscal ya ha anunciado que solicitará una pena de 10 años de prisión para el notario investigado.
"Pacto confiscatorio"
Otros, desde el sector financiero, rechazan la postura del Colegio. Aducen que los préstamos con garantía son "nulos" de origen porque "las opciones de compra no están previstas para financiar, sino para comprar un bien inmueble en un futuro".
Argumentan que estas operaciones "encubren préstamos" y lo hacen por medio de un "pacto comisorio", que según ellos "está prohibido en el ordenamiento jurídico nacional".
Vista aérea del Eixample de Barcelona
Bajo el punto de vista de un directivo, estas ententes "vulneran en efecto la prohibición del pacto comisorio, pero también la tutela judicial efectiva del deudor, que no debería perder un bien sin intervención de los tribunales de justicia".
Es, pues, una postura que aflora un debate público sobre qué són y para qué sirven las opciones de compra. Y que está a las antípodas de la manifestada por el Colegio Notarial, que insiste en la legalidad de la operación.
Una sociedad-pantalla
Eso sí, pese a su legalidad, el tándem Borràs-Bové habría preferido interponer una sociedad intermedia. Ello sugiere voluntad de distanciarse de la práctica.
La pareja de directivos, explica una de las firmantes a este medio, se nutrió en su caso de la oficina de préstamos rápidos Soluciones Financieras. El trato se cerró en Ruiz Prado.
Fiesta en Dubái
Para agravar el clima, en medio de esta tormenta judicial y agria polémica, la cúpula de Safe Investments Group (SIG), una de las empresas líderes en opciones en Barcelona, ha viajado hasta los Emiratos Árabes Unidos para organizar una celebración por todo lo alto en la capital mundial del lujo.
Precisamente, SIG, liderada por las hermanas Hernández Soler, está detrás de la operación que ha dejado a Conchi, vecina de Terrassa (Barcelona), sin ahorros y al borde del desahucio, según avanzó RAC1.