Acciona ha frenado un contrato a Mercabarna. La compañía de la familia Entrecanales ha ganado un recurso ante el Tribunal de Contratos de Cataluña y consigue deshacer una adjudicación de casi dos millones de euros que la gestora de los mercados mayoristas de Barcelona había concedido a Veolia para el mantenimiento de sus edificios en la Zona Franca y el Mercado de la Flor (Sant Boi de Llobregat). Ahora Mercabarna tendrá que repetir la evaluación de ofertas.
Según la resolución, el Tribunal da la razón a la constructora madrileña, que alegaba que la adjudicataria no presentó la documentación técnica junto con su oferta, y aun así obtuvo puntuación.
Ocho licitantes
El contrato en cuestión corresponde al servicio de mantenimiento normativo, preventivo y correctivo de las instalaciones de los pabellones y edificios situados en la Zona Franca de Mercabarna, la sociedad gestora de la Unidad Alimentaria que agrupa los mercados mayoristas de Barcelona. Este acuerdo también abarca las instalaciones del Mercado de la Flor de Sant Boi de Llobregat.
El anuncio de licitación se publicó el pasado febrero, con un valor estimado de 1,9 millones de euros. En total, ocho empresas presentaron ofertas; entre ellas, Veolia, Comsa, Axer, Acciona y Urbia.
El mejor postor
Según la evaluación, la multinacional francesa obtuvo la mayor puntuación con 89 puntos (27 puntos en el criterio técnico y 62 en la oferta económica).
Por su parte, Acciona logró 84 puntos en total, con la misma nota técnica (27 puntos), pero una oferta económica inferior. El resto de empresas licitadoras quedaron por debajo de los 80 puntos.
En base a estos resultados, Veolia fue propuesta como ganadora del contrato y la adjudicación se concretó el 22 de mayo.
Documento ausente
Un mes después del acuerdo, la constructora madrileña presentó un recurso ante el tribunal, al considerar que el ganador no había entregado la documentación técnica requerida para uno de los criterios de adjudicación automática.
En concreto, el recurso hacía referencia a la instalación de un sistema de fichaje para el personal adscrito al servicio. A pesar de la ausencia del documento, a la compañía francesa se le otorgó la puntuación máxima en ese apartado.
La compañía alegó que esta situación "vulneraba" los principios de igualdad y transparencia en el procedimiento.
"Compromiso"
Por su parte, Mercabarna y Veolia defendieron que dicho criterio solo exigía un "compromiso de instalación" y no la entrega inmediata de las especificaciones técnicas, por lo que la valoración fue, según argumentaron, ajustada a las bases del concurso.
Sin embargo, el tribunal ha rechazado esta posición. "El pliego exigía a los licitadores no solo manifestar su compromiso de instalar el sistema de fichaje respondiendo afirmativamente al Anexo IV, sino también aportar las especificaciones técnicas del sistema de fichaje para que fueran validadas por el órgano de contratación", ha concluido.
Nueva revisión
El tribunal determinó que Veolia no presentó los documentos necesarios, por lo que "no debería haber recibido puntos" en ese apartado. A su juicio, permitir que la empresa completara ahora su oferta sería injusto para el resto de licitadores, al romper el principio de igualdad.
En consecuencia, el órgano ha anulado la adjudicación y ordena que el procedimiento vuelva al momento de valorar las ofertas.
Tras consultar a Veolia sobre el asunto, hasta el cierre de esta edición no se había recibido respuesta.
Mercabarna conserva los pliegos
Por su parte, Mercabarna señala que "procederá a la ejecución de la resolución adoptando las medidas necesarias" y, dado a que el recurso se relaciona sobre la valoración de criterios automáticos, mantendrá los pliegos.
Asimismo, avanza que tienen previsto que el inicio del contrato tenga lugar "este año, sin perjuicio de que puedan concurrir causas ajenas a Mercabarna que incidan en dicha previsión".
Revés de ATLL
La impugnación, aunque menor, llega meses después de que la constructora madrileña alcanzara un acuerdo con la Generalitat de Salvador Illa para recibir 103 millones adicionales por el conflicto derivado de la fallida privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL).
El litigio se remonta a 2012, cuando el gobierno de Artur Mas adjudicó a Acciona la gestión del sistema público de agua por 50 millones. La competidora Agbar impugnó el concurso al considerar que el proceso no fue regular, aunque la Generalitat garantizó entonces a Acciona la seguridad de su inversión.
Años más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró la privatización ilegal. Mientras Acciona reclamaba cantidades elevadas por la rescisión del contrato, el Govern rechazaba pagar una indemnización tan alta. Finalmente, y tras varios desembolsos parciales en 2024, ambas partes pactaron en marzo pasado cerrar el caso con un pago final de 103 millones, pendiente aún de la validación.