Bustinduy castiga a Facua con un recorte de subvenciones sin precedentes e infla las de la OCU, envuelta en una polémica sobre comisiones de empresas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy ha inflado este año las subvenciones a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), al tiempo que ha aplicado un recorte sin precedentes a la otra gran asociación de defensa de los consumidores del país, Facua-Consumidores en Acción.

El castigo a Facua representa una reducción del 29% en la financiación pública para las acciones de lucha contra el fraude e información a los consumidores sobre sus derechos. El recorte de 2025 no es el primero. El año pasado ya le aplicó otro del 8%, por lo que en solo dos años la disminución de dinero público para esta asociación, de marcado carácter progresista, alcanza nada menos que el 37%.

Críticas al Ministerio de Consumo

Facua viene destacando en los últimos años por ser especialmente exigente con los ministerios de Consumo, tanto en la etapa de Alberto Garzón al frente como en la actual.

Así, desde la asunción de competencias sancionadoras por parte del ministerio, la asociación ha dado a conocer cientos de denuncias contra empresas y reclamado a Consumo la apertura de expedientes sancionadores. Se da la circunstancia de que esas competencias son fruto de una modificación de la ley de defensa de los consumidores aprobada en la anterior legislatura como consecuencia de reivindicaciones de la propia Facua.

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Aunque Facua es una organización claramente de izquierdas, viene siendo habitual que plantee públicamente críticas a Bustinduy —y anteriormente a Garzón— por la inacción o la falta de respuesta de sus ministerios ante denuncias y reivindicaciones de la asociación. Precisamente, la ausencia de contestaciones a la gran mayoría de sus denuncias por “fraudes masivos” es uno de los grandes puntos de conflicto que tiene con el ministerio.

Desequilibrio

En paralelo al drástico recorte de ayudas públicas a Facua —que ha pasado de 686.904 a 435.497 euros en estos dos años—, Consumo ha situado a la OCU en el segundo puesto del ranking de asociaciones de consumidores más subvencionadas. Si Facua ha pasado de la primera a la tercera posición, encabezando la lista la asociación de usuarios de banca Asufin, la OCU ha alcanzado en este ejercicio los 449.815 euros en subvenciones.

La situación actual contrasta con el discurso que ha venido manteniendo la OCU durante muchos años. Tiempo atrás, en su cuenta de Twitter —ahora X— podían leerse frases como “no queremos subvenciones”, “molo porque no recibo subvenciones”, “ni recibimos subvenciones ni aceptamos dinero de NADIE que no sean nuestros más de 300.000 socios”, “somos la OCU, la única asociación de consumidores que no vive de subvenciones”.

Publicidad bajo sospecha

La OCU no solo se ha lanzado a solicitar —y lograr— un cada vez mayor montante de subvenciones al Ministerio de Consumo. Su discurso de que no acepta dinero de nadie que no sean sus socios ha quedado desmontado tras trascender que lleva años recibiendo comisiones de empresas. Cantidades variables que obtiene a cambio de captarles clientes a través de campañas publicitarias que realiza en su página web, sus revistas y los mensajes de correo electrónico que envía a sus socios y también a sus simpatizantes, esto es, consumidores que se dan de alta en su web sin abonar ninguna cuota para recibir información sobre sus derechos.

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Fue precisamente Facua la que sacó a la luz la existencia de convenios cuyo contenido la OCU venía manteniendo en secreto. La asociación denunció los hechos y en 2023 trascendió que Consumo había abierto una investigación para evaluar si con la publicidad de los productos y servicios de empresas a cambio de comisiones, la OCU estaba vulnerando la regulación a la que están sometidas las asociaciones de consumidores. Entre los pagadores de la OCU hay desde una empresa de alarmas hasta una larga lista de energéticas, pasando por compañías de telecomunicaciones e intermediarios en la contratación de hipotecas.

Hasta la fecha, el ministerio no ha dado a conocer si ha concluido su investigación ni si ha tomado alguna medida ante las campañas publicitarias realizadas por la OCU en favor de los negocios de los que es comisionista. Si Consumo concluyese que esas prácticas vulneran la prohibición de realizar “publicidad comercial” o que implican una ausencia de “independencia”, podrían derivar en un expediente de expulsión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y, con ello, el fin de las crecientes subvenciones a la OCU.