Foment de Treball, Pimec y Cecot rechazan la paralización del decreto de renovables, tras la retirada de la propuesta por parte del Ejecutivo catalán ante la falta de respaldo parlamentario el pasado miércoles. Esta normativa otorgaba a los proyectos verdes la condición de “interés público superior”, lo que abría la puerta a una tramitación más ágil y prioritaria.
En junio pasado el gobierno de Salvador Illa aprobó el Decreto ley 12/2025, que fue bien recibido por amplios sectores económicos, en un contexto marcado por el cierre progresivo de las centrales nucleares y el retraso de Cataluña en el desarrollo de energías renovables en comparación con España.
Baterías y autoconsumo
Este decreto era el primero en España en establecer una regulación específica para el almacenamiento de energía con baterías, lo que posicionaba a Cataluña en un papel líder tras un largo periodo con frenos a los proyectos eólicos y solares.
También elevaba el umbral de potencia de 100 a 500 kilovatios (kW) para el autoconsumo industrial y colectivo, lo que reducía la carga burocrática, dando más margen a iniciativas locales.
Objetivo de 2030
El presidente de la comisión de energía de Pimec, José Vásquez, señala a Crónica Global que su apoyo al decreto “ha sido total” y resalta que consideran “urgente su aprobación” para poder cumplir con las metas del Govern.
La Prospectiva Energética de Cataluña (Proencat) plantea alcanzar que la mitad del consumo eléctrico sea de fuentes renovables para el año 2030. El año pasado, sin embargo, la comunidad apenas logró cubrir un 16,2%.
"Con este freno, ya se están cuestionando muchas inversiones en Cataluña, y no solo de baterias, sino de centros logisticos, de datos, nuevas infraestructuras. Si no se aprueba el decreto, no seremos capaces de cumplir con los objetivos, no llegaremos", lamenta Vásquez.
Trabas administrativas
El representante también recuerda que la normativa actual ralentiza los proyectos debido a los largos trámites administrativos, que tardan años, lo que lleva a mirar hacia otras comunidades, como Valencia, Euskadi o Aragón. En esta última precisamente, en 2024 casi el 89% de la energía generada provino de fuentes renovables.
"En Cataluña la energía importa poco, importan más otras cosas", sentencian desde Pimec, señalando que en algunos casos estos proyectos tardan una media de tres años solo en trámites.
Autoconsumo
Por otra parte, la normativa supone un impulso importante para las pymes, ya que facilita el autoconsumo energético en pequeñas y medianas empresas, que han sido las principales impulsoras de instalaciones fotovoltaicas de hasta 100 kW, junto con el sector residencial.
Aunque muchas pymes han contado con ayudas del gobierno anterior, la mayoría aún no ha recibido esos fondos, lo que limita su capacidad para seguir creciendo en energías renovables. Por ello, el decreto es importante para que estas empresas, que representan la mayoría del tejido económico catalán, puedan avanzar y contribuir a los objetivos energéticos de la comunidad, defienden desde Pimec.
Protección de inversiones
Desde Cecot y Foment explican que el decreto facilita "la instalación de paneles solares y plantas fotovoltaicas en suelos no urbanizables ya antropizados", y protege los proyectos de baterías al permitir que las licencias se transfieran a otros inversores si las entidades que iniciaron el trámite no pueden continuar.
Panorámica de una planta de placas solares.
"Lo importante es avanzar, no retroceder. La crisis climática global nos obliga a apostar por las renovables, especialmente en Cataluña, que estamos con retraso. Este decreto evita la pérdida de inversiones al permitir que, si quien obtuvo el permiso no puede continuar (por incapacidad o financiación), lo ceda a otra empresa o entidad que quiera invertir, así no se pierde todo el recorrido", destaca el director del Área e Energía y Sostenibilidad de Cecot, Josep Casas.
Freno político
Por su parte, el responsable de Desarrollo Sostenible de Foment del Treball, Salvador Sedó, critica que el decreto no haya salido adelante por un giro de última hora de ERC, que retiró su apoyo pese a haber defendido previamente el contenido desde el propio gobierno.
"Es preocupante que por motivos políticos se eche atrás una posición que ya estaba consensuada en las direcciones generales", apunta Sedó. Aunque el Govern ha planteado una modificación para volver a presentarlo en septiembre, desde Foment muestran dudas sobre si logrará salir adelante. "Mientras tanto, la transición energética sigue parada y sin cumplir con las directrices europeas", concluyen.
Seguir avanzando
Las patronales catalanas coinciden en que el decreto representaba "un paso necesario" para impulsar la transición energética en Cataluña. Su retirada ha generado frustración y una sensación generalizada de que se ha perdido "una oportunidad clave" para avanzar con los objetivos climáticos, de inversión y de competitividad frente a otras comunidades.
De cara a septiembre, las patronales esperan que no se repitan los bloqueos políticos y que el decreto pueda salir adelante. Remarcan la urgencia de actuar para no perder más inversiones estratégicas, proyectos ya tramitados y la capacidad de respuesta ante la crisis climática. Las entidades coinciden en que Cataluña no puede permitirse "seguir paralizada" ni administrativa ni políticamente en este ámbito.