El Gobierno suma 35 millones a la contención de los alquileres, a repartir entre las comunidades

Cataluña recibirá 35 millones --a repartir con Navarra y el País Vasco-- para la contención de los alquileres. El Gobierno "apoyará" así a las comunidades que hayan desplegado su polémica Ley de Vivienda mediante la declaración de zona tensionadas, medida ampliamente criticada por el sector inmobiliario por exacerbar la inseguridad jurídica, restar rentabilidad al mercado y limitar la oferta.

Así lo ha anunciado la ministra de Vivienda y Agencia Urbana, Isabel Rodríguez, durante el salón Construmat en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona, en el que también ha intervenido el president, Salvador Illa. La Generalitat es, precisamente, la primera región en acogerse a la normativa estatal para limitar las rentas en 271 municipios; los navarros y los vascos están en proceso de hacer lo propio.

El Govern rescata el Pla de Barris del tripartito para combatir la crisis de la vivienda

Rodríguez ha asegurado que el Ejecutivo central "comparte" la misma urgencia por solventar la crisis de vivienda que la Generalitat: "compartimos una actitud y defendemos la colaboración. Cada uno defendiendo sus intereses, pero con un trabajo conjunto". 

La titular de Vivienda ha destacado el papel del sector de la construcción y ha subrayado que el salón ha sido el lugar ideal "reinvindicar el compromiso del Gobierno con la vivienda asequible, esa colaboración público-privada que hace unos años no estaba tan presente en la práctica”.

Tres ejes

La socialista ha defendido que el Gobierno está "abordando" el problema desde tres vertientes. La primera busca la oferta de viviendas, lo que en su opinión es un asunto cuya necesidad "ya no se discute". Un segundo eje pasa por la regulación del mercado, tras ver que dejarlo "completamente libre" solo ha servido para "devorar las economías familiares" e impedir el desarrollo de un parque público de vivienda, en su opinión. 

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez David Zorrakino Europa Press

El tercer enfoque corresponde a la industrialización del sector. La ministra ha recordado el PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de industrialización de la vivienda que el Ejecutivo anunció el mes pasado con una inversión de 1.300 millones en diez años. 

"Este plan supone una garantía de demanda para el sector, busca incorporar a más mujeres y alcanzar el objetivo del 8% del parque público de vivienda asequible en España (actualmente hemos pasado del 2,5% al 3,4%)".

"Necesitamos más y más rápido"

Durante su intervención, el president Illa ha resaltado el sector de la construcción, calificándolo de "relevante para solucionar el principal problema que tenemos en este momento en, que es el de la vivienda".

Así, ha recordado el Plan 50.000, que contempla la construcción de 50.000 viviendas públicas hasta el año 2030 en Cataluña. Este plan busca incrementar la disponibilidad de este tipo de inmuebles, principalmente en municipios con alta demanda.

"Necesitamos que se construya más, y más rápido", ha señalado Illa y ha agregado que eso avanzará según la colaboración entre el sector público y privado, así como entre las distintas administraciones. 

Cuestión de legislatura

Esto sucede en un mes marcado por el protagonismo de la vivienda en las políticas de la Generalitat, consciente de que este es el mayor reto de la legislatura.

Esta misma semana, el dirigente socialista ha recuperado el Pla de Barris, centrado en la rehabilitación de inmuebles residenciales en barrios vulnerables. Para ello, desembolsará un paquete de 1.000 millones, distribuidos en 200 millones al año. A principios de mayo, el Govern también señaló que ya tiene fecha para las primeras 21.000 viviendas públicas incluidas en el Plan 50.000.

Con estas medidas, el mandato socialista continúa con su compromiso de abordar la crisis, aunque queda pendiente otra pactada con Comuns: un registro para los grandes tenedores, que permitirá a la administración aumentar el ITP y activar el régimen sancionador. La Generalitat prevé que este mecanismo inicie antes de que finalice el año.