De izquierda a derecha: Jordi Segarra y Josep Tabernero
Hacienda sospechaba de Segarra y Tabernero desde 2019 por las operaciones de Cellex en paraísos fiscales
El escándalo del 'caso Cellex' tiene antecedentes: el 'fisco' ya había multado a Jordi Segarra en el pasado por obstrucción en una inspección sobre cuentas en el extranjero
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En febrero de 2019, seis años antes de que estallara el escándalo del 'caso Cellex', Jordi Segarra —albacea testamentario de Pedro Mir y presidente de las fundaciones Cellex y Mir Puig— fue investigado por la Agencia Tributaria por presuntas irregularidades fiscales relacionadas con cuentas en el extranjero y estructuras offshore en Panamá.
Según ha podido saber Crónica Global, la investigación concluyó con una sanción administrativa. Hacienda multó a Segarra por obstrucción a la inspección, es decir, por ocultar información y entorpecer el trabajo de los inspectores. Una sanción que, meses después, fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que también le impuso el pago de las costas procesales.
En el marco de esta investigación, los días 12 y 13 de febrero de 2019, funcionarios de la Agencia Tributaria registraron tanto el domicilio social de SIMEX SL —una de las empresas clave del legado de Mir— como las oficinas de Segarra.
El 18 de febrero, la inspección se extendió a una sucursal del Banco Sabadell, donde Segarra tenía alquilada una caja de seguridad. Ésta fue precintada y, al abrirla, se encontraron 100.000 euros en efectivo. El representante de Segarra afirmó que el dinero pertenecía a SIMEX, pero no presentó ningún documento que acreditara el origen de esos fondos.
Una fundación panameña en la diana
La inspección fiscal abarcó los ejercicios de 2014 a 2017, cuando Jordi Segarra ya controlaba gran parte del patrimonio heredado de Pere Mir. Hacienda solicitó extractos y movimientos de cuentas en el extranjero, documentación sobre su titularidad (directa o indirecta), así como información sobre el origen de los fondos y los bienes que debían incluirse en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP).
Boi Ruiz, Mas-Colell y Pere Mir, en el centro Cellex
Asimismo, Hacienda requirió datos concretos sobre la Fundación SEMIR, una entidad constituida en Panamá, entre ellos la identificación de sus titulares reales y la posible vinculación con el propio Segarra.
A propósito, la Fundación SEMIR fue creada en Panamá el 19 de noviembre de 2014 por el despacho Tapia, Linares y Alfaro. Este mismo bufete ya había constituido antes las fundaciones Elyane y Tama, que actualmente están siendo investigadas por los Mossos d'Esquadra por haber recibido dinero procedente de la venta de la empresa Derivados Forestales.
Tabernero lo sabía
Durante todo esta investigación, Josep Tabernero seguía siendo uno de los apoderados de SIMEX SL y uno de los albaceas testamentarios del legado Mir. Por lo tanto, era plenamente conocedor de las actuaciones del fisco y de la multa impuesta a Segarra.
De hecho, y como publicó este medio, Tabernero no abandonó las empresas en las que constaba como apoderado, todas ellas vinculadas a Cellex, hasta mayo de 2023. En un plazo de un año, el oncólogo salió de Fisa Recubrimientos SA; José Pamias SA; Simex SL; Mil Veinte SL y SA de Intereses.
Según la documentación a la que accedió este medio, los abandonos se produjeron entre marzo de 2022 y mayo de 2023, coincidiendo con la denuncia presentada por Àngel Surroca, exdirector general de Derivados Forestales, por la presunta descapitalización de las fundaciones y empresas de Pere Mir.
La 'bomba de humo' de Torner
En paralelo, se sabe que Lluís Torner, fundador y exdirector del Instituto de Ciencias Fotónicas (IFCO), también abandonó en las mismas fechas todas las empresas que lo ligaban al legado del mecenas.
Según las fuentes consultadas, ambos decidieron desvincularse y alejarse de Segarra después de que, en 2022, Àngel Surroca, que fue director general y mano derecha de Mir durante décadas, publicase su libro De la fusta a la fusta. La historia del grupo Derivados Forestales (1942-2006).
Lluís Torner, exfundador y exdirector del ICFO
En el libro, Surroca —que fue el primero en poner en manos de la justicia la presunta descapitalización de las fundaciones— explica que, tras la muerte de Mir y la nueva gestión de Jordi Segarra, las fundaciones dejaron de cumplir su función original.
En el libro, también se describe el papel que jugó Tabernero el día de la muerte de Pere Mir pues, según Surroca, fue Tabernero quien firmó el certificado de defunción del mecenas y, sin que la familia pudiera ver el cuerpo, se lo llevaron directamente al crematorio.
La denuncia de Àngel Surroca
Así fue como, en 2023, Surroca presentó una denuncia ante el Servicio de Supervisión y Protectorado de Fundaciones, dependiente del departamento de Justicia, en la que acusaba a los actuales gestores de un presunto expolio del patrimonio de Pedro Mir.
A raíz de esta denuncia, la juez de instrucción 12 de Barcelona abrió diligencias por los indicios de una mala praxis en el seno de ambas entidades.
Tras las primeras actuaciones, Myriam Linage acordó la destitución del patronato conjunto. Meses más tarde, ordenó entradas y registros en varios inmuebles, lo que derivó en la detención, el 16 de abril, de los tres principales investigados: Jordi Segarra, Josep Tabernero y Juan Francisco Capellas, por parte de la Unidad Antiblanqueo de los Mossos d’Esquadra.
El oncólogo Josep Tabernero, director del VHIO, en una imagen corporativa
Según se desprende de la investigación judicial, Linage considera que el trío investigado habría actuado persiguiendo beneficios propios o de terceros, reteniendo o desviando recursos que deberían haber sido entregados a las fundaciones, atribuyéndoles los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.
Perjuicio de 6,2 millones
Por ahora, y con la información que han podido recabar los investigadores, la instructora cifra en 6,2 millones de euros el perjuicio ocasionado por la mala gestión de los albaceas testamentarios del empresario y mecenas Pere Mir. De la cantidad estimada, unos 2,2 millones corresponderían únicamente a la Fundación Privada Cellex,
A pesar de que el informe de desfalco presentado por Àngel Surroca lo cifra en casi 60 millones, por ahora la investigación judicial encuentra indicios suficientes para creer que existe una gestión irregular, pero de menor magnitud.
Las fuentes consultadas, sin embargo, sostienen que la magnitud del caso va más allá de las fronteras españolas y que gran parte del patrimonio presuntamente desviado podría encontrarse en el extranjero. Una pista de ello, dicen: el entramado de empresas fuera del territorio español.
