El director de Asuntos Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas; el presidente del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc), Ciriaco Hidalgo, y el director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), Jaume Magret

El director de Asuntos Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas; el presidente del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc), Ciriaco Hidalgo, y el director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), Jaume Magret Generalitat de Catalunya

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El Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, órgano que asesora a la Generalitat, también rechaza la OPA del BBVA sobre el Sabadell

Alerta de que la operación puede poner en riesgo miles de empleos, cerrar centenares de oficinas y reducir el crédito disponible para pymes y familias

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El Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC), órgano consultivo de la Generalitat, ha anunciado este martes su rechazo a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. El organismo alerta de que la operación tendría un “impacto negativo en el empleo, el crédito, la competencia y la cohesión territorial”.

El CTESC ha explicado que la fusión “no es positiva para el interés general” y que el Gobierno central “debería vetarla” utilizando los mecanismos legales de los que dispone.

Cataluña, entre las más afectadas

Según el CTESC, órgano consultivo independiente que asesora a la Generalitat, Cataluña sería uno de los territorios más perjudicados si se consuma la absorción del Sabadell por parte del BBVA. Alerta de que la concentración bancaria resultante dejaría el 74% del mercado catalán en manos de solo dos entidades: Caixabank y BBVA: “Esto limitaría gravemente la competencia y la capacidad de elección de los consumidores”. 

Riesgo laboral

Uno de los aspectos más críticos, según el CTESC, es el laboral. El dictamen estima que podrían destruirse entre 7.500 y 10.500 puestos de trabajo, especialmente en áreas donde ambas entidades tienen presencia solapada.

“Aunque la empresa hable de sinergias, estamos hablando de miles de familias afectadas”, avisan desde este órgano. También se prevén degradaciones de condiciones laborales y procesos de centralización fuera de Cataluña.

Cierre de oficinas

El CTESC vaticina, por otra parte, que la operación provocaría el cierre de entre 600 y 900 oficinas, muchas de ellas en municipios pequeños o zonas rurales catalanas. Esto generaría, dicen, mayores niveles de exclusión financiera, especialmente entre colectivos vulnerables: “Se produciría un retroceso en el acceso universal a servicios bancarios básicos”.

Otro punto a tener en cuenta es el financiero. La fusión implicaría, dice, una contracción del crédito del 8%. Es decir, entre 54.000 y 70.000 millones de euros menos para la economía real. Las pymes y autónomos catalanes serían los más perjudicados: “La caída del crédito afectaría directamente a la capacidad de crecimiento económico del país”.

“En juego, el modelo bancario que queremos”

El CTESC recuerda que el Gobierno central puede vetar la fusión por interés general, según el artículo 10.4 de la Ley de Defensa de la Competencia. Anima a la Generalitat a ser firme en la defensa de su tejido económico y social.

“Está en juego el modelo bancario que queremos como país”, sostiene, e insiste en que “la defensa del empleo, la cohesión territorial y la inclusión financiera justifican sobradamente una intervención”.

“La voz del territorio y de la sociedad civil articulada debe ser escuchada”, afirma el CTESC. Si se consumase la operación, “dañaría la capacidad de desarrollo económico de Cataluña”. El Consejo Económico se suma así a las presiones al Ejecutivo central: “No todo vale en nombre del mercado”.

La consulta pública sobre la OPA

La OPA fue protagonista la semana pasada en la 40ª Reunión del Cercle d’Economia, en Barcelona. Pedro Sánchez anunció una consulta pública para recoger la opinión ciudadana, alegando que la fusión podría reducir la competencia, afectar al crédito y al empleo, y dañar la cohesión territorial. La consulta, accesible por internet, contempla que ciudadanos y asociaciones expresen su postura durante 15 días, aunque sin efectos legales directos.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo acusó al Gobierno de actuar con electoralismo y calificó la consulta de “frivolidad”, aunque evitó posicionarse claramente sobre la OPA. Por otra parte, varios empresarios catalanes alertaron sobre las consecuencias económicas de perder una sede bancaria en el territorio.

El rechazo de empresarios catalanes

El rechazo del empresariado catalán a la OPA se plasmó esta semana en una carta conjunta dirigida a Sánchez, firmada por una decena de entidades como Foment del Treball, Barcelona Global, Pimec y las Cambres de Comerç de Catalunya. En el manifiesto, reclaman al presidente que detenga la fusión por su impacto negativo sobre la competencia, el crédito a pymes y la cohesión territorial.

Los firmantes advierten que la operación podría provocar la pérdida de hasta 70.000 millones en crédito disponible para pymes y perjudicar el ecosistema empresarial, educativo y financiero catalán. Pese al aval técnico de la CNMC, las entidades consideran que existen razones de interés general” suficientes para vetar una integración que califican de lesiva para la economía española.