Los promotores de parques eólicos lamentan la excesiva carga burocrática que dilata su tramitación en Cataluña
Cataluña topa con la burocracia: ninguno de los parques eólicos impulsados por el Parlament en 2019 funciona todavía
La comunidad catalana supera con creces los plazos de aprobación de regiones como Castilla-La Mancha, cuya media es de dos años y seis meses
Los promotores apremian al Govern a aprobar el plan que simplificará la cuestión urbanística, en plena cuenta atrás por el cierre de las plantas nucleares
Más información: Marta Morera dirigirá la política energética de la Generalitat tras el fiasco de Josep Maria Serena
Noticias relacionadas
El Parlament desencalló las energías verdes en 2019. O eso pensaba. Aprobó con una mayoría incontestable el decreto ley 16/2019 para eliminar las restricciones que habían convertido a Cataluña en un páramo de las renovables durante una década. Sólo votaron en contra cuatro diputados de la CUP y se abstuvieron otros cuatro del PP.
Pero hoy, la región catalana sigue en las mismas: ninguno de los parques eólicos impulsados por la citada norma ha entrado en funcionamiento. Todos han topado con una burocracia asfixiante y los únicos aerogeneradores en marcha corresponden a proyectos presentados con anterioridad. Ello, en plena cuenta atrás por el cierre de las centrales nucleares en España.
Estancamiento
Cataluña se encuentra estancada en torno a los 1.400 megavatios (MW); en siete años tan solo ha ganado una potencia de poco más de 130, con la puesta en marcha de los siguientes parques:
- Viure de l'aire del cel (Anoia, Barcelona), en 2018: 2,43 MW.
- Solans, Barrancs y Punta Redona (Terra Alta, Tarragona), en 2023: 97 MW.
- Tres Termes (Terra Alta, Tarragona), en 2024: 30 MW
Ninguno es resultado de las solicitudes presentadas a raíz del decreto de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. Solo la ampliación de Colladetes (Baix Ebre, Tarragona) cuenta con la autorización para instalar cuatro aerogeneradores más, pero aún está pendiente de construirse.
De los 6.000 MW presentados, solo se mantienen en la carrera 630, con todos los proyectos aún a la espera de la autorización urbanística. Como Galatea, en La Jonquera, cuyos nueve areogeneradores cuentan ya con el informe medioambiental pero han topado con la oposición del municipio, gobernado por Junts.
Papel mojado
La nueva norma aumentó el atractivo del territorio al prometer un procedimiento de tramitación de 13 meses. Este, no obstante, ha quedado en papel mojado. ¿El motivo? "Nos vemos obligados a hacer muchas versiones de un solo proyecto porque no hay una buena coordinación", asevera Víctor Cusí, presidente de la Associació Eòlica de Catalunya (EolicCat).
Son múltiples los organismos que obligan a acometer modificaciones en fase de consulta pública porque, por ejemplo, hay una carretera proyectada en el mismo terreno o aparece una zona protegida que se debe evitar. "Solucionas una cosa, pero luego provocas otro problema, y así sucesivamente", resume a este medio el también director ejecutivo de Normawind.
Imagen de la proyección del parque eólico Galatea
Informes "científicos" y prohibiciones locales
En paralelo, el informe ambiental y la tramitación urbanística siguen siendo una piedra en el zapato. "Necesitamos una cantidad de horas de expertos en el campo haciendo las inspecciones visuales muy por encima de lo que exigen otras comunidades. Esto encarece y alarga muchísimo la tramitación", agrega Cusí, que habla de una exigencia "casi científica".
Y en lo urbanístico, las reticencias locales --con ayuntamientos prohibiendo este tipo de instalaciones y vetando licencias de obras y otros tantos trámites-- echan tierra de por medio. El resultado de todo ello, un intercambio permanente de documentación con la Direcció General d'Energia que se dilata hasta los topes y dificulta la tarea a los promotores.
Un aerogenerador
Más de cuatro años
A excepción de la ampliación de Colladetes, el resto de parques impulsados por el Parlament en 2019 aún están pendientes de la autorización urbanística. En cerca de cinco años, tan sólo han logrado la autorización en lo relativo a energía y medio ambiente. "Un auténtico viacrucis administrativo", sostienen fuentes del sector.
Otras voces señalan la "particular imbricación del proceso administrativo y regulatorio" en la región catalana, "más impactante" que en el resto de territorios. En el caso de la siempre bien posicionada Castilla-La Mancha, la Consejería de Desarrollo Sostenible calcula que la aprobación allí tarda 30 meses de media; es decir, dos años y medio.
El Observatori de les Energies Renovables de Catalunya (OBERCat) calcula un tiempo medio de espera de cerca de 50 meses, algo más de cuatro años. Y si bien el Institut Català de l'Energia (ICAEN) evita facilitar el dato al considerarlo poco "representativo" ya que "la casuística es muy amplia", sus fuentes reconocen plazos más largos de los deseados.
También recuerdan la necesidad de ganar la mayor seguridad jurídica posible ante recursos contenciosos o de alzada, y evitar así un eventual naufragio en los tribunales.
¿Qué propone el lobby? Silencios administrativos ante incumplimientos de plazos y declaraciones autorresponsables en el llamado trámite de suficiencia, por ejemplo. Porque, según Cusí, "el principal interesado en entregar toda la documentación es el promotor. Si se lo tumban, no pasa nada, pero así no perderíamos el tiempo yendo y viniendo con informes, y saturando a la administracion".
Un PLATER "realista"
Ante lo crítico de la situación, el Govern de Salvador Illa no tardó en hacer sus primeros movimientos nada más aterrizar en la Generalitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciado recientemente en el Parlament que el Govern aprobará "en las próximas semanas" un decreto para simplificar este tipo de instalaciones.
También se ha comprometido a aprobar este año el Plan Territorial Sectorial, conocido como PLATER. Este, anunciado en 2021, debe compatibilizar los usos del suelo con el resto de factores, por lo que facilitaría la cuestión urbanística.
La 'consellera' de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en el Parlament
Un plan que EolicCat reclama que sea "realista". Que no sea un compendio de limitaciones, sino que dé oxígeno a los promotores, según el presidente de la asociación, que confía en la buena predisposición del Ejecutivo socialista:
"Nos hace falta una coordinacion interdepartamental, que nos sentemos todos en una mesa para dar solución a todos los problemas, teniendo como prioridad que los proyectos salgan adelante".
Cisma nuclear
Las energías renovables cubrieron tan solo un 13,6% de la demanda eléctrica en la comunidad en 2023, a la cola de España y muy lejos del objetivo que marca el PROENCAT de alcanzar el 54% en 2030. Año en el que está previsto el primer cierre de una de las tres plantas nucleares en Cataluña, según los planes del Gobierno.
En plena cuenta atrás, la eólica se antoja crítica para frenar subidas en la factura y reducir el riesgo de apagones. La comunidad afronta la necesidad de ampliar las líneas eléctricas y crear un sistema que almacene lo generado por los parques.
En este sentido, el último informe OBERCat señala una cartera potencial de 176 proyectos eólicos, con una capacidad de 6,75 GW, de los que solo un 11% se está tramitando de forma efectiva. La puesta en marcha de todos ellos, sumada a una hipotética red de baterías con capacidad para 5 GW, "permitiría cubrir el cierre de las nucleares con energía verde".
Central nuclear de Ascó, en Tarragona
