La fiscalía ha pedido hoy exonerar a los dos exdirectivos de Sacresa que lanzaron el primer mercado gurmet de Cataluña, que abrió en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en 2015 y ha terminado enmarañado en una causa penal. El ministerio público ha planteado la absolución de los dos empresarios al considerar que "fueron diligentes" en solucionar los problemas de la instalación.
Lo ha verbalizado la acusación pública en las conclusiones del juicio al primer mercado posh que abrió en la región, en el centro de Sant Cugat a finales de 2015. Según la fiscalía, lo importante no es que se falseara un certificado, algo que ha quedado acreditado, sino que los impulsores corrieron a arreglar los problemas de ruido que surgieran.
No aprecia voluntad de delinquir
La fiscal ha concluido que Lluís Martínez y Montserrat García, ex de la constructora de la familia Sanahuja y ahora al frente Gourmets de Sant Cugat, no tuvieron dolo o voluntad de delinquir, por lo que deben ser absueltos.
Lo que es más, la letrada pública ha señalado que los hechos "no han quedado acreditados". Sí admite que se falseó un certificado, pero lo circunscribe al ámbito privado y a una provisión muy concreta de la falsedad documental.
La defensa, absolución
Por su parte, las defensas han pedido la absolución de los defendidos, reconociendo que se falseó un certificado, pero tildándolo de "no relevante" y circunscribiéndolo al "ámbito privado".
Imagen aérea del Mercat Vell de Sant Cugat
Asimimo y en la línea de la fiscalía, han subrayado la diligencia de los empresarios para solucionar las carencias del equipamiento.
Impunidad en Sant Cugat
De este modo, ha concluido el juicio por el primer mercado pijo de Cataluña, en el que sus impulsores están acusados de dos presuntos delitos. Más allá del pleito puntual del ruido, lo mollar es si Sant Cugat permitió a los impulsores abrir y operar en un clima de impunidad que perjudicó a algunos vecinos.
Los hechos, acaecidos a finales de 2015, han colocado cierta sombra de duda sobre el gobierno municipal de Mercè Conesa, CiU, que gobernaba el municipio sin mayoría absoluta.
Una auditoría aflora irregularidades
De hecho, el consistorio siguiente, formado por un tripartito entre ERC, PSC y CUP, corroboró la existencia de irregularidades en el mercado gastronómico por medio de una auditoría.
La exalcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa, con Damià Calvet
Entre otras, el dictamen afloró falta de documentación para controlar la concesión a Gourmets de Sant Cugat. Pero es que hay más, porque el gobierno municipal jamás pidió la documentación económica ni designó a un funcionario responsable para controlar la externalización. La dejó a su aire.
Urcotex, donante de CDC
Tenga que ver o no, la concesión había sido adjudicada a una unión temporal de empresas (UTE) que lideraba Gourmet --también vinculada a la inversora alimentaria Ebro Inversiones--, pero en la que participaba la constructora Urcotex. Esta firma fue donante de la fundación de la antigua CDC por valor de 117.000 euros en dos ocasiones, según reveló la instrucción del caso 3%.
Finalmente, en la apertura del juicio oral de la macrocausa de presunta corrupción, solo e incluyó otra obra en Sant Cugat: una promoción de viviendas sociales elevada por la promotora municipal Promusa en la plaza Rabassaires y que se externalizó a Teyco, de la familia Sumarroca, también salpicado por la supuesta trama.
Ametller Origen, también polémico
Ya hoy, el mercado pijo ha saldado su primer traspié, pero se enfrenta a otra: la llegada de Ametller Origen, que irrumpió tras la pandemia quedándose ocho puestos de la instalación --el 43% del negocio-- con la voluntad de reflotar el negocio, que se había desfondado con el coronavirus. El grupo de la familia Ametller entró sin concurso público.
Uno de los operadores anunció acciones legales por este asunto, al detectar trato de favor. A su vez, el gobierno municipal defendió la legalidad de la macrotienda de Ametller, que sigue allí.