Rambla de Catalunya, donde se encontraba el despacho de abogados
Un despacho de abogados de Barcelona, a juicio por importar coches de lujo
- Fiscalía cree que Calvo Advocats falsificó documentos para traer ilegalmente Porsche, BMW y Mercedes a España
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Un bufete de abogados del Eixample se sentará al banquillo como empresa la próxima semana por, cree la acusación, importar ilegalmente coche de lujo a Barcelona, Calvo Advocats, con sede en la Rambla de Catalunya de Barcelona está acusada de estafa por falsificar documentación que le permitía inscribir los vehículos de alta gama.
El juicio contra los abogados comenzará el martes, con el marido de la administradora como principal acusado, y con el bufete como coencausado. La titular del despacho también iba a ser enjuiciada, pero ha recurrido el auto de procesamiento. Está pendiente de resolución.
Presunta estafa con coches de lujo
El tribunal deberá concluir si Calvo Advocats ayudó a introducir diversos coches de lujo de alta gama, como Porsche, BMW, Mercedes o Mustang a España de forma ilegal. Lo habría hecho X., el marido de la abogada-administradora, falsificando documentos para engañar presuntamente a la estación de ITV de Badalona (Barcelona).
A cambio de ello, el directivo obtenía 1.800 euros por automóvil, que ingresaba al despacho de su mujer. Es por ello que la mercantil figura como coacusada.
Coches de Lituania
Los hechos se produjeron entre 2019 y 2021. En ese lapso de tiempo, Calvo habría ayudado a diversos propietarios de vehículos comprados en otros países de Europa, como Lituania y Alemania, a traer sus coches a España.
Porsche Macan, modelo de uno de los coches implicados
Para ello y siempre según la Fiscalía, falsificó números de bastidor, informes de la auditora Idiada, fichas del vehículo y hasta resoluciones ministeriales. Más importante si cabe, en algunos casos se camufló el estado de siniestro de los coches.
Los vehículos no podían circular
Por ello y por la mendacidad de los documentos, los vehículos intermediados por el despacho "no podían circular por territorio español", recuerda la Fiscalía.
Por ello, el ministerio público pide tres años para el directivo y una multa de 92.000 euros para el bufete de abogados. En cuanto a la letrada titular, se está a la espera de resolución de su recurso. Si no prospera, también se la enjuiciará.
Concesionarios afectados
El caso ha afectado a diversas empresas y concesionarios que adquirieron vehículos o los sirvieron a clientes. Uno de ellos, situado en L'Hospitalet de Llobregat, está regentado por empresarios de Europa del Este.
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Éstas resultaron afectadas por la falta de control en la actividad del encausado, que tampoco tuvo la gestoría, concluye la acusación pública.
