Acciona presionó a funcionarios de diversos ayuntamientos españoles para adjudicarse contratos municipales de forma poco profesional. Un trabajador de la empresa en Sevilla ha explicado que la multinacional maniobraba al margen de la legalidad para llevarse concesiones de diversos municipios de la geografía española, como Cádiz, Toledo, Zamora, Coslada, Alicante, el puerto de Almería y Colmenar Viejo.
La compañía forzaba a técnicos municipales mediante correos electrónicos y mensajería instantánea.
Así, influía en las decisiones de los ayuntamientos. También maniobraba para obtener los pliegos de condiciones de los concursos antes de tiempo, lo que generaba una ventaja competitiva frente a sus rivales. Según un juez del ámbito laboral, la existencia de estos correos está "más que acreditada" y los hechos explicados por un trabajador que fue despedido tras denunciarlo "tienen una base objetiva".
Lote de basura de Cádiz
Uno de los casos más sonados ocurrió en Cádiz. Un técnico del consistorio gaditano dejó constancia de las supuestas presiones que había recibido en su teléfono personal, mediante whatsapp, de directivos de Acciona.
En los mensajes, un delegado del grupo pedía al Ayuntamiento de Cádiz que no aceptara la oferta de la empresa Cointer en un jugoso contrato del servicio de limpieza de la ciudad.
La exigencia parece que surtió efecto: el 29 de octubre de 2021, semanas después del mensaje, Cointer fue excluida de la adjudicación y Acciona se llevó el lote, según explica la sentencia laboral del Juzgado de lo Social Número 11 de Sevilla a la que ha tenido acceso Crónica Global.
Colmenar Viejo: un prostíbulo abarrotado
Algo parecido ocurrió en el municipio madrileño de Colmenar Viejo, tal y como relató este medio. Técnicos municipales y directivos de Acciona intercambiaron un documento con el contrato de recogida de basuras meses antes de su publicación oficial. Tras la adjudicación, tanto los directivos de la multinacional como el personal del ayuntamiento habrían celebrado la hazaña por todo lo alto, en un prostíbulo madrileño, con todos los gastos pagados, y en pleno periodo pandémico.
El caso ha salido a la luz a través de un empleado de la compañía de la familia Entrecanales, que se atrevió a denunciar la "sistémica corrupción" bajo la que operaba su grupo. El empleado fue despedido de forma fulminante. Un tribunal ha dictaminado ahora que el despido fue nulo y ha obligado a readmitirlo, con una indemnización de 15.000 euros por daños y perjuicios.
Los datos de la trama
El trabajador usó el canal interno de denuncias de la empresa para informar de las prácticas fraudulentas, junto con un amplio repertorio de pruebas, grabaciones, vídeos y documentación. También amenazó con acudir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) si nada cambiaba.
Para justificar el despido, la compañía alegó que durante los últimos tres ejercicios las ventas de su departamento no habían sido las esperadas y que, en consecuencia, se prescindía de él por razones económicas. Curiosamente, Acciona también despidió por los mismos “motivos” a otro trabajador del área de Madrid que le había facilitado material para su denuncia. Pese a que los correos eran anónimos, los instructores intentaron localizar a los trabajadores accediendo a los e-mails de los empleados, y dieron así con el nombre de los denunciantes.