El gobierno del Vall d’Aran lamenta que está en una situación “desesperada” y “lamentable” ya que, de acuerdo con sus cifras, sólo el 36% de las casas del territorio son para vivienda habitual, mientras que el resto se dedica a alquileres vacaciones. Esto le ha llevado a poner en marcha medidas para hacer que la vivienda sea más asequible, pero en el terreno inmobiliario se produce una situación distinta.
Este medio ha contactado con el perito judicial inmobiliario Roberto Martel Gómez, director y fundador de Ferox, quién ha aportado una visión diferente, así como datos de los primeros efectos que ya se han podido notar en zonas como la capital del Vall d’Aran, Vielha. ¿Qué supone esta intervención por parte del gobierno? ¿Qué medidas se están llevando a cabo desde la otra parte?
Se invierten derechos
Martel Gómez recalca que “cualquier intervención del Estado para regular los precios conlleva una vulneración del libre mercado”. Actualmente, el Conselh no tiene competencias en la materia, por lo que ya ha puesto en marcha negociaciones con la Generalitat así como también con el Gobierno central.
Añade que “si el Estado marca unos techos en la ley de arrendamiento urbano, nos encontramos con un fenómeno: modifica las condiciones de la ley, protegiendo al inquilino por encima del propietario”. Entonces, ¿qué ocurre cuando la parte propietaria quiere defender sus intereses?
Un doble efecto rebote
“El propietario prefiere poner en venta su activo antes de alquilarlo”, explica. Y los datos ya muestran que esto está ocurriendo. Al menos en la capital, Vielha. En el mes de abril había 110 propiedades en venta, después de un descenso de ventas en el mes de marzo (las viviendas eran 124), mientras que en mayo estas ascendieron a 116, de acuerdo con el portal Big Data del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona.
Además, el precio del metro cuadrado ha subido: en mayo estaba a 3.826 euros, mientras que en abril, a 2.340 euros. En cuanto al mes de junio, Martel Gómez explica que todavía no hay datos, ya que dicha plataforma sólo muestra el mes completo.
Adicionalmente, en el portal de búsqueda y valoraciones de inmuebles para profesionales Lystos, se observa una “creciente actividad en ventas por parte de particulares, cosa que meses atrás no sucedía”, recalca. ¿Y en qué se traduce todo esto?
“A nivel de mercado inmobiliario este se satura y los compradores no están preparados para comprar, creando un déficit en la vivienda y una inseguridad en general”, dice.
Una solución “utópica”
¿Cuál sería el remedio para paliar todo esto? Desde el punto de vista inmobiliario, "que el Estado compense a los propietarios, con el diferencial entre el precio de mercado y el precio que ellos dicen que es justo, haciendo así que el Estado actuase como aval de estos nuevos inquilinos”
En cuanto a los posibles efectos que esto tendría, “esta medida fomentaría el alquiler, el crecimiento demográfico en todas las zonas y dotaría a los propietarios de unos derechos que les han sido arrebatados, devolviéndoles la seguridad natural de un contrato privado”. “Pero esto sería utópico", concluye.