El Juzgado de Instrucción 17 de Madrid ha ampliado a otros dos años la investigación sobre el cobro de subvenciones por parte de las patronales Pimec y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae). Fiscalizará la pulcritud de las ayudas públicas de economía social a la actividad emprendedora que otorga el Ministerio de Trabajo de 2020 y 2022.
El caso se abrió por la inyección de recursos públicos que la alianza de ambas organizaciones empresariales, la patronal de pymes catalana liderada por Antoni Cañete y la de autónomos, recibió en 2011 para este fin. Ahora, también se fiscalizará si se percibieron subvenciones indebidas en otros ejercicios ante las dudas que han surgido durante el proceso.
Declaraciones de Ginesta y Landaburu
La ampliación del caso ha propiciado que se suspendan las declaraciones de los imputados el próximo 25 de abril "hasta que se reciba la documentación" que la sala ha pedido al Ministerio de Trabajo, tal y como avanza La Vanguardia. Las dos patronales están investigadas por un delito de fraude de subvenciones y otro de falsedad documental, los mismos que se atribuyen a los secretarios generales de Uatae, María José Landaburu, y de Pimec, Josep Ginesta.
Yolanda Díaz y Antoni Cañete en la sede de Pimec
Cabe recordar que Uatae ha admitido la irregularidad y ha devuelto la subvención de 2011. La defensa de Pimec se basa en asegurar que nunca se ha beneficiado de las ayudas, que formalmente cobró la organización de autónomos estatal con la que colabora.
Cesión de trabajadores de Pimec a Uatae
Con todo, las fuentes jurídicas consultadas señalan que esta declaración pública tiene un recorrido limitado. Señalan que la patronal de pymes catalana cedió a sus trabajadores a Uatae para que esta pudiera simular que tenía más plantilla, hecho que infló su representatividad y propició que cobrase la mayor ayuda pública de economía social del sector que el Ministerio de Trabajo otorgó en 2011. Por delante de ATA y Upta, sus patronales de autónomos rivales.
Además, en la solicitud de la ayuda pública se incluía un documento en el que se falseó la firma de un funcionario de la Generalitat. El propio gobierno catalán ha reconocido la rúbrica ilícita. No era un certificado menor, ha trascendido que era el que señalaba que Pimec, no su filial Pimec Autónomos, era una organización de autónomos. Es decir, era el papel que validaba la cesión de trabajadores que permitieron a Uatae ser la patronal de autónomos más representativa de España.
El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, durante la presentación de los resultados de la encuesta sobre teletrabajo
También se ha filtrado que existía un acuerdo entre Pimec y Uatae para repartirse de forma equitativa las subvenciones irregulares percibidas. Fue el propio Ministerio de Trabajo el que denunció el caso y que la Fiscalía actuó de oficio. Ahora, los implicados esperan que se señale una nueva fecha para su declaración.