Ha estallado una causa por presunta estafa en el grupo de empresas del célebre Banc Expropiat de Barcelona. La Audiencia Provincial juzga a una exdirectiva de la red, y pareja del fundador, Francisco Bravo, por, supuestamente, defraudar nueve millones de euros a la red que controlaba la okupa del barrio de Gracia cuyo desalojo se saldó con seis días de disturbios en 2016.
La sección tercera de la Audiencia es la que abre un juicio oral donde la empresaria se enfrenta a dos años de cárcel y cuatro meses de multa por, cree la Fiscalía, tratar de estafar 8,7 millones de euros a Niki Gestión, una de las empresas que formaba parte del entramado societario del grupo.
El caso es relevante porque la acusada es la actual pareja de Francisco Bravo, el fundador del negocio inmobiliario que acabó dando pie al Banc Expropiat, propiedad del hijo de éste, Manuel Bravo.
Venta de terrenos industriales
La directiva y compañera sentimental de Bravo padre trató de hacerse con un reconocimiento de deuda de 8,7 millones derivada de una operación inmobiliaria en un polígono industrial.
La mujer elaboró documentación falsa para convencer a Niki Gestión SL que le correspondía el 30% del beneficio neto de unos terrenos fabriles, así como de otras operaciones vinculadas, tal y como apunta el escrito del Ministerio Público. Las compraventas se efectuaron entre 2000 y 2005.
Dos delitos
La treta no funcionó. La empresa administrada por Manuel Bravo --dueño del Banc-- e Isabel Solano, exesposa de Francisco Bravo, no cayó en el engaño.
Eso sí, el juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona inició diligencias y ahora éstas se sustancian en una causa en la Audiencia por dos delitos: estafa procesal en grado de tentativa en concurso con delito continuado de falsedad en documento privado.
La petición de dos años de cárcel emana de estos dos tipos.
Banc Expropiat: seis días de incidentes en Barcelona
El caso es relevante porque afecta al corazón del grupo de empresas propietarias de la casa okupa Banc Expropiat del barrio de Gracia, cuyo desalojo en mayo de 2016 se saldó con seis días seguidos de disturbios callejeros en Barcelona y condenas judiciales menores.
El local, una antigua sucursal bancaria, era propiedad de Antartic Vintage, una sociedad que estaba controlada por Manuel Bravo. Isabel Solano, su madre, también participaba en esta mercantil.
Trias, en la diana
Además del violento vaciado de los bajos --hoy un supermercado--, la crisis del Banc Expropiat tuvo dos derivadas políticas. Puso en aprietos al exalcalde Xavier Trias (CiU), pues éste había pactado un contrato de alquiler con los okupas que acabó investigando la Fiscalía por posible delito. Se archivó, aunque con un reproche al ex primer edil, al que se afeó que avalara el comportamiento "delictivo" de los okupas.
Y dos, los hechos de mayo de 2016 atornillaron al nuevo gobierno municipal de Ada Colau (BComú), que venía de ganar las elecciones municipales un año antes.
Noticias relacionadas
- La Audiencia de Barcelona obliga a investigar si la Generalitat y el Ayuntamiento toleraron a los okupas de la Bonanova
- El exalcalde catalán que amenazó con un hacha a los okupas se enfrenta a una multa de 1.800 euros
- La abogacía de Barcelona pone cerco a la multirreincidencia y las okupaciones: "En Europa resuelven en 24 horas lo que aquí nos lleva 20 meses"