Los obstáculos burocráticos, la inestabilidad normativa y la inseguridad jurídica convierten Cataluña en suelo infértil para edificar. El 19% de las promotoras y constructoras inmobiliarias catalanas han decidido trasladar actividad e inversión a otros territorios ante las dificultades para construir en esta comunidad autónoma.
Así lo determinan los resultados de una encuesta de la patronal del sector, APCE, que ha detectado huidas principalmente a la capital de España, aunque también a otras ciudades donde es fácil levantar edificios. "Se van a Madrid, unos cuantos también se van a Málaga, se van adonde tienen más seguridad jurídica", ha señalado Xavier Vilajoana, presidente de la asociación, este jueves en un desayuno informativo.
Cataluña, un enclave regulatorio
Los empresarios del ladrillo consideran que la ley de vivienda, que de momento solo la autonomía catalana tiene interés en aplicar, "es un acelerador de este tipo de decisiones". De hecho, Vilajoana ha esgrimido que el hecho de que ninguna comunidad gobernada por los socialistas haya querido valerse de una normativa impulsada por el Gobierno de coalición progresista "debería hacernos reflexionar".
A ello hay que añadir el "histórico de Cataluña", que acumula "unos cuantos cambios legislativos" que han sido "anulados" por los tribunales, mientras que otros siguen en "disputa". Todo ello genera un clima de incertidumbre que hace difícil construir, lo que supone un problema ya que precisamente el incremento de la oferta de pisos es una de las soluciones que vislumbran los promotores, junto con los incentivos fiscales. Vilajoana también ha apostado por caminar hacia los incrementos salariales en base a una subida de la productividad más allá del intervencionismo en el mercado de vivienda.
Menos oferta de alquiler
El sondeo de APCE fue realizado en el cuarto trimestre de 2023 y desveló que, desde la aprobación de la ley española en mayo, el 32% de las empresas había puesto a la venta o dejado vacantes pisos que gestionaba en alquiler; los encuestados cuantificaron en más de 500 las viviendas reorientadas del alquiler a la venta debido a la incertidumbre sobre la rentabilidad económica y la falta de seguridad jurídica. El 56% de las empresas promotoras aseguró que había desestimado alguna promoción a medio plazo en modalidad de alquiler, lo que ha tenido un impacto negativo en el mercado de alquiler cifrado en más de 1.100 viviendas.
El representante del sector ha pedido "autocrítica" a las administraciones porque "los presupuestos de la Generalitat estan a un 10% de lo que se invierte en otros países como Holanda, Alemania, Austria o Francia, no solo en inversión directa, también ayudas en políticas de vivienda". Además, ha lamentado que las políticas de vivienda sean tan a menudo utilizadas como herramienta electoralista, ya que existen fórmulas acreditadamente inefectivas que no tienen un coste elevado para la Administración y son "fáciles de vender" al electorado.