El exsecretario general de la Confederación Catalana de Comercio (CCC), Miguel Ángel Fraile, ha negado ante el juez haber cometido irregularidades al frente de la entidad. El exdirectivo ha rechazado haber desviado hasta 778.000 euros cuando estaba a frente del organismo, hechos por los cuales le piden ocho años de cárcel.
Ha ocurrido hoy en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde Fraile ha comparecido acusado de delitos de apropiación indebida o administración desleal. Explicándose como encausado, el alto cargo y su mujer, para la que la Fiscalía Provincial de Barcelona pide seis años, han negado los hechos.
Academias de formación
Los hechos enjuiciados son el presunto desvío del dinero correspondiente a las garantías de las academias de formación --que no se podían gastar-- a dispendio corriente de la organización de botiguers.
La Fiscalía cree que Fraile y su esposa utilizaron estos fondos para constituir avales, invertir en vehículo de bajo riesgo y para alimentar la cuenta corriente general de la CCC.
Niega irregularidades
El acusado lo ha negado todo. Ha defendido que durante los más de treinta años que ejerció de secretario general, entre 1995 y 2016, gestionó con arreglo a la normativa.
Cabe recordar que la Confederación terminó yendo a concurso de acreedores y a la disolución tras acumular un agujero de 2,6 millones de euros.
La quiebra fue fortuita
En relación a ese percance mercantil, Fraile ha recordado que fue fortuito, y que no se derivaron responsabilidades.
Además, el investigado ha defendido que su salario lo fijaban "el presidente y la junta directiva", y que el uso de la tarjeta de crédito, que "utilizaba a veces", estaba bajo control contable. Y que los cargos en los que incurría se le retiraban del suelo a posteriori.
Cambio de normativa
Según él, tanto el presidente de CCC como el vicepresidente económico tenían acceso a la cuenta de la entidad. Y el control de la contabilidad se llevaba "muy bien".
Por contra, Fraile ha lamentado que en 2015 hubo un cambio de normativa en las subvenciones para la formación que les generó un problema de tesorería. En aquel momento, el encausado sostiene que presentó un plan de viabilidad que no pudo aplicar porque le despidieron.