Más polémica con la promoción de residencias de la tercera edad de BonÀrea. Junts permitió que el proyecto de la Corporación Alimentaria Guissona, el dueño de las cárnicas BonÀrea, pasara por delante de la construcción de vivienda social para construir sus macrorresidencias de mayores en la población leridana. Ahora, seis años después, el municipio es zona tensionada y necesita más pisos sociales como los que fulminó la operación urbanística.
Lo denuncian fuentes del sector de los cuidados a mayores, alertando de ciertas aristas de la irrupción de los dueños de BonÀrea en esta industria. Como explicó Crónica Global, el gigante cárnico ha copado al menos 11 millones de fondos europeos para esta nueva línea de negocio para la que no tiene experiencia, cuando el resto del sector "apenas ha visto ese dinero" comunitario.
Eliminó vivienda social
La otra controversia es de tramitación. El Departamento de Territorio, en la etapa de Josep Rull (Junts) como conseller, dio luz verde a la operación a sabiendas que ésta propiciaba que decayera otra iniciativa para construir 50 viviendas de protección oficial (VPO) en el territorio.
El exconsejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de Cataluña, Josep Rull
Los interlocutores consultados detallan el procedimiento fue diseñado en 2017 y aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida de aquel año. El ente colegiado avaló la transformación del sector SUD-7 de Guissona, donde se elevan las macrorresidencias de la Corporación. Pero esta tramitación propició que desapareciera la edificabilidad para 55 viviendas que se habían proyectado en ese suelo, de las cuales 51 eran protegidas.
"Se cubren las necesidades actuales"
El organismo colegiado argumentó que los inmuebles "de protección pública existentes en el núcleo urbano de Guissona -unos 598 de 2.216 aquel año- cubren las necesidades actuales del municipio". De hecho, "doblaban las necesidades". Por ello, avaló que se eliminaran estos pisos sociales por desarrollar.
Y se dio el visto bueno a un nuevo uso: el de equipamiento privado para las viviendas adscritas a la residencia. Este plan se tramitó junto a otro, el principal que daba luz verde a la construcción del geriátrico en Guissona. Ambos se aprobaron aquel día.
Guissona es zona residencial tensionada
Las necesidades actuales de Guissona que se defendían en el plan de la Corporació Alimentària cambiaron. El municipio entró en las zonas con el mercado inmobiliario tensionado en 2023 [ver DOGC aquí]. Solicitó unirse a la lista junto a otros 139 municipios en los que los precios del alquiler estarán regulados.
Vista aérea del macrocomplejo residencial de BonÀrea en Guissona
En ese lapso de tiempo, entre 2017 y 2023, en una población donde tiene mucha influencia la cooperativa BonÀrea creció en 600 habitantes, hasta los 7.603 actuales. Se trata de un avance del 8,24% de vecinos en un momento decrecimiento de su entorno más inmediato. Desde la zona explican este avance por el atractivo laboral que brinda, precisamente, la cooperativa cárnica.
Mandaba Junts
La doble aprobación de los planes urbanísticos de las residencias de los propietarios de BonÀrea en Guissona vieron la luz porque el Departamento de Territorio de la Generalitat así lo quiso. El conseller era entonces Josep Rull. Lo siguió siendo hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña el 27 de octubre de aquel ejercicio.
Al frente de Territorio en Lleida figuraba Maria Dolors Tella, también de Junts y concejal en la vecina población de Sidamon, en la misma provincia. La alto cargo es ahora alcaldesa de la localidad.
El POUM pedía "más vivienda"
Y el doble plan urbanístico para la Corporación liderada por la familia Alsina fue posible porque el Ayuntamiento de Guissona también le dió luz verde. Lo hizo a propuesta de Angel Masanés, concejal de ERC, quien defendió el cambio de planeamiento. El consistorio, con Xavier Casoliva (ERC) como alcalde, lo avaló por unanimidad.
El macrocomplejo de Guissona, dueño de BonÀrea, en el municipio
Tres años antes, el mismo concejal-impulsor había liderado la actualización del plan de ordenación urbana municipal (POUM) [ver nota municipal aquí]. La hoja de ruta urbanística pedía "más vivienda y servicios" ante el impacto que tiene en el mercado residencial el gigante agroalimentario.
De hecho, ha trascendido la particular "burbuja inmobiliaria" que vive el municipio por el efecto-sede de una gran empresa. Emplea a más de 4.400 trabajadores y se vincula con 4.000 ganaderos.
Segunda controversia
Las fuentes consultadas consideran que el Departamento de Territorio "echó un guante" a la nueva línea de negocio del conglomerado alimentario aunque era consciente de las necesidades de vivienda que tendría la población. Destacan que las proyecciones de crecimiento local ya apuntaban antes de los cambios urbanísticos a que Guissona crecería en unos 500 habitantes.
Ese presunto favor que se denuncia se suma a la polémica de que BonÀrea ha captado al menos 11 millones de euros en fondos europeos Next Generation. Desde el sector se lamenta que "otros operadores pequeños y medianos, mucho más experimentados y con más necesidad objetiva, no han visto ese dinero", que ha administrado la Generalitat de Cataluña por delegación del Estado.
Algunos de los competidores de la empresa ilerdense trabajan en zonas donde hay mucha más demanda de residencias para mayores y pisos con servicios. En el área metropolitana de Barcelona, por ejemplo. Guissona, donde BonÀrea ha establecido su macrocomplejo residencial, sólo tiene 146 vecinos con 85 años o más, según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). Son datos de 2023.