El impuesto, una medida puesta sobre la mesa por los Comuns que lideraba la entonces alcaldesa Ada Colau, prevé gravar las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) que los grandes buques con una capacidad o volumen superior a 5.000 toneladas que llegan al Puerto de Barcelona o al Puerto de Tarragona.
Alertan de la posible deslocalización a Valencia
Fuentes empresariales consultadas han mostrado su preocupación por el grave perjuicio potencial para Barcelona y Cataluña. Las navieras y compañías afectadas por el tributo pueden optar, por ejemplo, por trasladar su operativa al Puerto de Valencia y luego transportar por carretera la mercancía que debería distribuirse vía Barcelona o Tarragona.
Imagen aérea de la terminal de contenedores del Puerto de Barcelona
El presidente de la Asociación de Agentes Consignatarios de Buques de Barcelona, Salvador Richart, afirmó que los puertos catalanes tendrán una clara desventaja ante los puertos españoles y europeos. En declaraciones recogidas por el diario El Canal Marítimo y Logístico, afirmó que se sumará a otras regulaciones inminentes a nivel comunitario y, en el caso de los puertos catalanes, habrá otro coste que, aunque no sea muy elevado, no asumirán el resto de los puertos.
Más camiones, más CO2
Las mismas fuentes desconfían asimismo de que exista ninguna mejora ambiental, que aún hoy está pendiente de cuantificar. Precisamente esta “deslocalización de escalas”, además de impactar directamente en la competitividad de la economía catalana, supone poner en circulación muchos más camiones, por lo que lo consideran un sinsentido en términos de emisiones de CO2 y de sostenibilidad ambiental.
Se afirma desde el sector portuario que “en un ámbito absolutamente globalizado, las navieras antes cambiaran el puerto de escala que llevarán a cabo inversiones multimillonarias para adecuar sus embarcaciones a las exigencias locales, generando como resultado un incremento global de las emisiones de efecto invernadero”.
Retirado en Valencia y excepciones en Noruega
Las mismas fuentes recuerdan que, pese a la necesidad de trabajar de forma decidida hacia la descarbonización del transporte, un impuesto similar, que aspira a ser pionero en España, no cuenta con experiencias en otros países de la UE que puedan avalar sus resultados desde el punto de vista medioambiental. De hecho, fue retirado del plan de gobierno del Botànic valenciano, con Compromís en responsabilidades ambientales, por su ineficiencia ambiental.
Sí existe el precedente de Noruega, donde desde enero del 2007 se aplica un impuesto sobre las emisiones NOx a la industria y al transporte en general. Sin embargo, para el sector marítimo optaron por dejar exentos los buques en tránsito entre puertos noruegos y extranjeros, precisamente para preservar la competitividad en relación con las exportaciones e importaciones del país a escala internacional y evitar las fugas de carbono. Sí lo aplican a nivel de tránsito local y a los cruceros.
En discusión parlamentaria
La tramitación del impuesto se halla en fase de presentación de enmiendas a la totalidad y, finalmente, los partidos han obtenido una prórroga para entrar sus propuestas de cambios. En su momento, el PSC ya mostró sus reticencias al advertir sobre una pérdida de competitividad, cuando además se está a la espera de una normativa europea. En otro sentido, desde los Comuns prevén dar un sí crítico, al ver rebajado su planteamiento inicial.
Salvador Illa, jefe de la oposición en Cataluña por el PSC, en el Parlament
La comunidad portuaria, tanto en Barcelona como en Tarragona, ha seguido de cerca la evolución de este nuevo impuesto autonómico, que a propuesta en su día de la CUP se enmarca en el despliegue de la Ley de Cambio Climático que aprobó el Parlament en 2017. Entre sus preocupaciones, manifiestan que barcos que ya hayan hecho inversiones en términos medioambientales y de modernización de su flota serán igualmente penalizados cuando lleguen a Cataluña, pese a existir pequeñas bonificaciones.