La nueva funeraria pública de Reus ha subido precios un 10% antes de comenzar el servicio. La empresa supramunicipal ha incrementado tarifas pese a prometer en su memoria económica que disminuiría la factura. El ayuntamiento de la segunda ciudad de Tarragona, que la impulsa, lo justifica por los sueldos del personal y por el coste de la electricidad y el gas.
Lo denuncian fuentes del sector, que alertan del avance de precios de hasta el 10% que acaba de aprobar Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, embrión de FuneCamp, la empresa de entierros que dará servicio a la capital del Baix Camp, y también a Salou, Vila-seca y Constantí.
Prometió bajar precios
Así, el operador público sube precios pese a que el proyecto prometía disminuir la factura de los sepelios que pagarán los clientes.
El tanatorio municipal de Reus, matriz de la funeraria supramunicipal
Lo dijeron los impulsores de FuneCamp en la memoria del proyecto, y lo subrayaron los alcaldes de los cuatro municipios impulsores, que insistieron en los "precios públicos". Eso sí, un dictamen de la prestigiosa consultora KPMG, como avanzó Crónica Global, precisó que los cálculos tarifarios de la nueva empresa "carecían de rigor". Lo aportó el mercado, y ponía en duda la viabilidad económica de la iniciativa.
El ayuntamiento admite el alza...
Ahora, en los trámites finales de creación de FuneCamp, los precios suben antes siquiera de mover el primer ataúd. A preguntas de este medio, una portavoz del Ayuntamiento de Reus, ahora gobernado por Sandra Guaita (PSC), ha admitido que el 27 de octubre de 2023 el consejo de administración de Serveis Funeraris Reus aprobó un aumento de precios del 10%.
Eso sí, la representante del gobierno municipal sostiene que FuneCamp, la funeraria supramunicipal, "aún no está constituida". Cuando se forme, "sólo sus órganos serán soberanos para aprobar los nuevos precios". Asimismo, desde Reus insisten que el nuevo operador comarcal tendrá precios "por debajo de los que aplica el sector privado".
... Y culpa al coste de la luz y el gas
Desde el Ejecutivo local de Guaita defienden que la actualización tarifaria responde a la incorporación del índice de precios al consumo (IPC), que sólo se subió un 2% entre 2020 y 2023, cuando el avance real "fue del 14%".
La nueva alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, en rueda de prensa
Y el encarecimiento se explica también, dice el ayuntamiento, por el "incremento retributivo del personal", que es de casi el 10% según los Presupuestos Generales del Estado (PGE), así como el aumento de coste de la "electridad y el gas".
Pérdidas
Tenga que ver o no, la nueva funeraria supramunicipal de Reus nacerá de la actual. Como detalló este medio, el operador público echará a andar en pérdidas, por lo que el resto de ayuntamientos participantes en el proyecto, Salou, Vila-seca y Constantí, tendrán que compensar el quebranto de FuneCamp.
En 2020, al calor de la mortalidad de la pandemia, Reus Serveis Municipals, conglomerado local de empresas públicas, facturó 24 millones de euros y perdió la estratosférica cifra de siete millones. Al año siguiente, en 2021, ingresó 21 millones y ganó sólo 169.000 euros. El último ejercicio presentado, 2022, RSM perdió otros cuatro millones de euros.
El Ayuntamiento de Reus jamás ha desglosado las cuentas de la funeraria local. Crónica Global la ha pedido, sin éxito.
Salpicada por el 'caso Innova'
Sea como fuere, la funeraria supralocal de Reus también es polémica porque emana del conglomerado Reus Serveis Municipals. Este grupo empresarial emana del antiguo Innova, el paraguas de sociedades públicas de donde surgió el presunto macrocaso de corrupción que lleva el mismo nombre.
La Guardia Civil, registrando el Ayuntamiento de Reus por Innova
El procedimiento irá a juicio en 2024 en la Audiencia Provincial de Tarragona. Se sentarán en el banquillo el exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC); el expresidente del Institut Català de la Salut (ICS), Josep Prat, y Carles Manté, exdirector general del CatSalut.
El precedente de Barcelona
En paralelo, desde la industria se advierte de que la nueva firma de final de vida llega tras el desastre de Barcelona. En la Ciudad Condal, la exalcaldesa Ada Colau (BComú) trató de aprobar un proyecto similar, pero la oposición lo rechazó en cuatro ocasiones.
Tras ello, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) derribó otra iniciativa idéntica: el dentista municipal. Esa resolución avisó a los primeros ediles de toda la región, pues la segunda instancia judicial recordó que el Ayuntamiento de Barcelona se había excedido de sus competencias, entre otros argumentos.