El nuevo decreto del Govern contra los pisos turísticos toma el camino de los tribunales. Los propietarios de los apartamentos se preparan para una batalla legal que puede durar "tres o cuatro años", pero que confían que terminará con la normativa tumbada en el Tribunal Constitucional.
Hasta entonces, los empresarios afectados que tengan que cerrar sus viviendas de uso turístico sufrirán pérdidas millonarias. Por ello, reclamarán que la Generalitat les pague una indemnización que calculan que podría ascender a unos 4.000 millones de euros, una compensación que supondría una carga de 500 euros para cada uno de los ocho millones de catalanes.
'Decretazo' exprés
El decreto fija un máximo de diez licencias de alquiler turístico por cada 100 viviendas, un límite que supone eliminar 28.000 pisos en los 47 municipios que superan este umbral. Además, plantea una moratoria de facto en la concesión de nuevas licencias en las 262 localidades declarados zona tensionada en el mercado residencial o con más de un cinco licencias por cada 100 viviendas.
Un apartamento turístico en Barcelona / OLALA HOMES
Más allá de los 28.000 alojamientos afectados inicialmente, desde el sector creen que la nueva norma, tramitada con carácter de urgencia, puede llegar a afectar al 80% de los 100.000 pisos turísticos que hay en Cataluña. "Se nos ha vapuleado", ha lamentado en una rueda de prensa el presidente de Federatur, David Riba, quien ha asegurado que "la Generalitat no ha valorado el PIB, los puestos de trabajo, la afectación en el comercio y la restauración".
Un "desaguisado" jurídico
Desde la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos reclaman que, en vez de renunciar a la recaudación en impuestos que genera su actividad, que cifran en 100 millones de euros, se invierta este dinero en la construcción de pisos sociales. Estos alquileres de corta estancia suponen cerca del 40% de los alojamientos de Cataluña -el resto son hoteles, hostales, campings y casas rurales- y los 28.000 afectados inicialmente están situados fundamentalmente en pueblos de la costa.
La única vía legal que ven los dueños de pisos turísticos es el recurso ante el Constitucional. Para ello es necesario que algún grupo político con más de 50 diputados en las Cortes lo eleve al tribunal, por lo que los empresarios catalanes se pondrán en contacto con los grupos parlamentarios próximamente.
Asimismo, confían en que la votación del decreto en el Parlament fuerce a que se retraten aquellas fuerzas políticas que estén "a favor de este desaguisado". Por ahora, se han mostrado a favor la propia Generalitat, gobernada por ERC, y el Ayuntamiento de Barcelona, en manos del PSC.