El presidente del Puerto de Barcelona ve "malestar" por el impuesto de la Generalitat a los grandes barcos

La decisión de la Generalitat de gravar con un nuevo impuesto a los grandes barcos que recalen en los puertos de Cataluña no ha sentado nada bien en el sector naval. Así lo ha reconocido este martes el propio presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, al explicar que la comunidad portuaria catalana siente "malestar" con el anteproyecto de ley, que obligará a pagar una tasa en función de la contaminación de las embarcaciones.

Salvadó, del mismo partido que preside el Govern (ERC), ha recordado además al ser preguntado al respecto que tanto el puerto barcelonés como el de Tarragona serán "los dos únicos puertos de Europa que tendremos este impuesto".

1.000 euros por tonelada de emisión

El alto cargo autonómico, no obstante, considera positivo que la Generalitat haya rebajado la tasa a estas grandes embarcaciones, que finalmente será de un euro por cada kilogramo de óxido de nitrógeno (NOx) y partículas (PM) emitidas -es decir, 1.000 euros por cada tonelada- en lugar de los 3,5 euros que se plantearon inicialmente.

En opinión de Salvadó, esa disminución de la cantidad a pagar es "fundamental", porque a su juicio rebaja el peligro de deslocalización, es decir, que los barcos eviten atracar en los puertos catalanes para pagar menos.

A su modo de ver, el Puerto de Barcelona es la infraestructura económica de Cataluña que "más está haciendo" para descarbonizar sus instalaciones y servicios.

Entrará en vigor en 2024

El gobierno autonómico catalán prevé empezar a aplicar este nuevo impuesto en la segunda mitad de 2024 y espera recaudar con él unos 7,5 millones de euros al año, con los cuales prevé dotar un fondo para la protección del ambiente atmosférico, según explicó el pasado viernes el conseller de Acción Climática, David Mascort.

Según el mandatario secesionista, esa tasa de 1.000 euros por tonelada de emisión finalmente no se incrementará de forma anual hasta llegar a los 3.500 en el cuarto año, en contra de lo que se había previsto inicialmente. Diversas entidades, entre ellas el propio Puerto de Barcelona, ya habían expresado su rechazo a ese escalado por el impacto que generaría en el sector.

Sin embargo, el impuesto "se revisará a los tres años", según el conseller, quien advirtió de que "si en tres años no vemos una evolución positiva, tendremos que actuar en consecuencia y aumentar la cuota".

Condiciones

Por su parte, la directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat, la exdiputada de la CUP Mireia Boya, destacó que la propuesta inicial del Govern catalán preveía un mínimo exento de emisiones, mientras que ahora se gravará de entrada el 100% de las emisiones, introduciendo una progresividad inicial.

El impuesto se cobrará a las grandes embarcaciones con capacidad o volumen superior a las 5.000 toneladas de arqueo bruto que atracan en los puertos catalanes, principalmente los de Barcelona y Tarragona.

Según el Govern, el tributo pretende incentivar que estos grandes barcos reduzcan las emisiones contaminantes de óxidos de nitrógeno (NOx) y de materias particuladas (PM) sin que ello suponga un inconveniente para el desarrollo de la actividad económica.

Carga tributaria media de 759 euros por escala

Según los cálculos del conseller Mascort, el 60% de los grandes barcos afectados pagarán "500 euros o menos", y la carga tributaria media será de unos 759 euros por escala.

Quedarán exentos los grandes barcos que presten servicios públicos, los que deban atracar o fondear por situaciones de peligro o fuerza mayor, o los de ayuda humanitaria, mientras que habrá bonificaciones por usar sistemas de conexión eléctrica en el muelle o aquellas embarcaciones que incorporen mejoras energéticas, entre otros supuestos.

Un 80% de los barcos, afectados

El conseller estima que se verán afectados por el tributo un 80% de los barcos que atracan en el Puerto de Barcelona, es decir, que unos 1.472 -según datos de 2022- tendrán que autoliquidar ese impuesto. Según las previsiones de Mascort, por ejemplo, un crucero pagaría unos 1.440 euros por escala de media; un portacontenedores, unos 495 euros; y un petrolero, unos 3.000 euros.

El Govern catalán ha superado por ahora el trámite del Consell Tècnic, pero ahora deberá analizar el plan el Consell de Treball Econòmic i Social (CTESC), antes de llegar al Consell Executiu para ser aprobado y arrancar su tramitación parlamentaria.