La Generalitat de Cataluña tiene ya listo un nuevo tributo autonómico con el que engrosar sus arcas. Se trata del impuesto a la contaminación de los grandes barcos, una tasa que presentará públicamente este viernes a mediodía en Barcelona por medio de su conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort, y la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Mireia Boya. La exdiputada de la CUP es de hecho, una de las principales impulsoras de la idea, que no ha sido vista con buenos ojos ni por las navieras ni en el sector turístico.
El impuesto en cuestión forma parte de un paquete de medidas del Govern catalán para "incentivar" el respeto al medio ambiente y la reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera.
La Generalitat prevé ir más allá de esta iniciativa, pues su intención es también aprobar, a finales de este año, un nuevo plan de actuación para mejorar la calidad del aire en toda Cataluña, con el horizonte puesto en 2027. Este plan incorporará otras acciones específicas en los ámbitos del transporte, la industria y producción de la energía para reducir el ozono.
34 millones de euros hasta 2026
En el caso concreto del impuesto a la contaminación de grandes barcos, se trata de una iniciativa surgida en noviembre de 2021, y que se empezará a aplicar en este 2023. El anteproyecto de ley del nuevo tributo, que salió a información pública el pasado enero, detalla que su despliegue será progresivo y se alargará durante cuatro años. En el primero de ellos, la Consejería de Economía prevé recaudar 9,7 millones de euros, cantidad que espera que aumente hasta los 34 millones en 2026.
El tributo se fundamenta en el principio de que "quien más contamina, más paga", según anunció en su día la predecesora del conseller Mascort en el cargo, Teresa Jordà (ERC). Según el texto, la base imponible del tributo la constituye la cantidad de óxido de nitrógeno o de partículas emitidas por los barcos.
Baremos
La previsión inicial, y a la espera de lo que Mascort y Boya anuncien este viernes, es que los barcos paguen un euro por cada kilogramo de óxido de nitrógeno y partículas que emitan. Esta cifra aumentaría en 2024 a 1,5 euros, en 2025 a 2,5 euros y a 3,5 euros en 2026.
El nuevo impuesto, a priori, contemplaría bonificaciones del 10% de la cuota para aquellos barcos que tengan un sistema de conexión eléctrica al muelle, y otras del 5% de la cuota para los cruceros que tengan certificados de mejora energética. Asimismo, se contemplan exenciones para barcos que presten servicios públicos, los que se vean obligados a atracar o fondear por peligro o fuerza mayor y los que desarrollen labores de ayuda humanitaria.
Principal fuente de emisiones
Según el estudio Emisiones de contaminantes en la atmósfera 2011-2017, realizado por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, las emisiones de óxidos de nitrógeno de los barcos durante las maniobras de atraco y durante la estancia en el puerto son, junto con las del transporte terrestre y la industria, las principales fuentes de emisiones de partículas de NOx en las Zonas de protección especiales (ZPE) del ambiente atmosférico definidas en el Decreto 226/2006, de 23 de mayo. De acuerdo con esta norma, son zonas de protección especial varios municipios de las comarcas del Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental y Baix Llobregat.
Rechazo
Falta por ver ahora cuál será la reacción del sector turístico, patronales y otros agentes sociales una vez la Generalitat anuncie de forma oficial la medida este viernes. En los últimos meses, Foment del Treball y la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), entre otros, ya expresaron su rechazo al impuesto, mientras que desde Turismo de Barcelona esperan que no acabe quitando visitantes a la ciudad.
Según las estimaciones de esta última entidad, Barcelona tuvo en 2019 unos tres millones de cruceristas. Una cifra que menguó un 25% en 2022, aún con la pandemia del Covid latente.
Entre los argumentos esgrimidos para cuestionar el nuevo tributo figuran algunos como la falta de una legislación lo más uniforme posible a escala internacional, para evitar que cada país o puerto tenga sus propias normas -complicando, con ello, la gestión del negocio-; o la elevada fiscalidad ya existente en Cataluña, incluida la del sector turístico, entre otros.