Imagen de una oficina de la Seguridad Social
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El ingreso mínimo vital beneficia a 194.175 catalanes, el 2,43% de la población
En toda España, la ayuda alcanza a 677.150 hogares en los que viven 1.971.429 personas
2 septiembre, 2023 10:52Noticias relacionadas
Un total de 194.175 catalanes percibían a finales de agosto el ingreso mínimo vital (IMV), lo que supone el 2,43% de la población y el 9,85% del colectivo que percibe esta prestación pública en toda España.
Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) publicados esta semana por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el IMV ha alcanzado en España a 677.150 hogares en los que viven 1.971.429 personas, el 54% mujeres (1.065.791) y el 43,3% menores (855.079).
Datos por provincias
Los datos del ministerio revelan que en la provincia de Barcelona perciben el ingreso 117.140 personas, el 2% de los residentes en la demarcación y el 5,94% de los perceptores de la prestación en España.
En Girona lo cobran 30.044 personas, lo que supone el 3,68% de los gerundenses y el 1,52% de los perceptores del Estado, mientras que en Lleida lo tienen asignados 14.402 personas, el 3,21% de los leridanos y el 0,73% de los que tienen asignada la prestación. Por porcentaje, la provincia de Tarragona es la que tiene el nivel más alto de perceptores. Cobran ese ingreso mínimo 32.589 personas, lo que supone el 3,82% de los tarraconenses y el 1,65% de los que la cobran en España.
¿Quiénes pueden percibirla?
A nivel nacional, Madrid es la provincia que tiene más perceptores, por delante de Sevilla (163.233), Barcelona (117.140), Cádiz (106.062) y Valencia (101.521), pero atendiendo a la población aparecen en primer lugar las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y cinco provincias andaluzas.
En líneas generales, pueden ser beneficiarios del IMV las personas de al menos 23 años que, aunque compartan domicilio con una unidad de convivencia, no se integren en ella; las mujeres mayores de edad víctimas de violencia machista o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual; las personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores o sean huérfanos absolutos; y las personas sin hogar.
