Ambulancias Tenorio quiere más. La transportista andaluza opta al contrato del 112 en Aragón pese al caos que rodea su servicio en el transporte de pacientes urgente, que arrancó el pasado 1 de junio con problemas que no han cesado.
Lo explican fuentes del sector, que detallan que Tenorio es uno de los tres aspirantes a una concesión pública que con 11,5 millones de euros de presupuesto. Los otros dos son Ambulancias Maiz y la valenciana Sersan.
Problemas en el urgente
Ahora, los tres candidatos tendrán que convencer a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales de que su propuesta es la más competitiva.
Tenorio lo tendrá especialmente. El arranque que ha tenido su servicio en el transporte sanitario urgente, que empezó el 1 de junio, le precede. Y se trata de una puesta en marcha plagada de incidencias.
Huelga, descoberturas, vehículos ilegales y despidos
La más importante es la huelga convocada por los sanitarios a raíz de la firma de un nuevo convenio. El operador ha rechazado llegar a un acuerdo con su plantilla y ha provocado un la tensión del servicio. Y esta pasa por las amenazas e incluso una causa judicial.
Asimismo, alcaldes de varios municipios de Aragón aseguran que se han producido desactivaciones de vehículos de emergencias por falta de personal. Ello sin perjuicio de que Tenorio comenzó su contrato con vehículos ilegales, pues no tenían permiso del Ministerio de Transportes, tal y como avanzó este medio, que provocaron un toque de atención del Gobierno de Aragón.
Adjudicación polémica
De forma más reciente, varios despidos han incendiado el comité de empresa de Zaragoza. La empresa los justifica con el argumento de que los afectados "no han superado el periodo de prueba", pero la parte social asegura que "agrava" el cisma con la plantilla.
La llegada de Tenorio a Aragón ha estado marcada por la polémica desde el primer momento. El Gobierno regional de Javier Lambán (PSOE) le asignó el contrato de transporte urgente pese a que no tenía plan de igualdad pactado, algo irregular, y a que aceptó un aval dividido en dos y en el que participaba un banco chipriota.